La Escuela de Policía “Simón Bolívar” es una institución de educación superior de conformidad con la ley 30 de 1992, pero organizada como unidad desconcentrada de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional. Es decir, funciona bajo su control y dirección; teniendo así acotada la autonomía universitaria de que trata la Constitución y la ley.

Por ello, del escandaloso evento “pedagógico”, denominado internacionalización de la policía -país “invitado” Alemania- que no se sabe por arte de qué se tornó en un viaje al pasado de los cuerpos militares y policiales del repudiado régimen nazi, debía tener al menos mediano conocimiento el mando superior correspondiente. Sobre todo, al tratarse de un proyecto de fin de curso que requiere preparación. Y si, como dicen, no lo tuvo, entonces el proceso académico presenta graves baches.

En el informe de la visita de trabajo de la CIDH en Colombia, realizada en junio de este año a raíz de las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en el marco de la protesta social iniciada el 28 de abril y que se prolongó por más de dos meses, se consignó entre las recomendaciones: “Reforzar y reestructurar los procesos de formación, entrenamiento y capacitación de las personas integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo un enfoque étnico-racial y de género, así como, sobre los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas…”

El debate sobre la necesidad de reforzar la formación de los policías ha estado en el centro de las reformas que se demandan desde distintos ámbitos académicos, políticos y ciudadanos. La formación es uno de los ejes fundamentales de la reforma a dicha institución. Y aunque se incorpora cada vez más a los Derechos Humanos, no resulta suficiente. Además, esto debe darse en el marco de un eje central de la formación y la función policial, el cual surge a partir de determinar ¿Cuál es hoy el papel de la policía?

Pues, la discusión sobre su ubicación orgánica no es menor -militar o civil-, y menos sobre su función que debe recuperarse teniendo a los ciudadanos como centro y no como una especie de enemigo interno que amenaza al gobierno de turno al protestar por sus incumplimientos o decisiones. Dicha mentalidad debe cambiar. Por eso el proceso de formación de los policías debe ser abierto y con mayor fundamentación democrática. Recientemente se adoptó por el Ministerio de Defensa la “Política de Educación para la Fuerza Pública 2021-2026: hacia una educación diferencial y de calidad”, pero sin incorporar aún el debate en curso sobre las reformas que se requieren.  

Finalmente, la legítima protesta de Israel, Alemania y Estados Unidos, entre otros, frente al desafortunado evento de la escuela de policía es un serio llamado de atención que no se debe echar en saco roto. Y nos pone ante el espejo para mirarnos sobre qué tipo de comportamientos antidemocráticos y discursos de odio pueden estar transitando en distintas esferas de la sociedad, que llegan hasta el punto de normalizarse o permitirse, inclusive por algunas autoridades y funcionarios públicos. Recordemos los ataques racistas y discriminatorios contra la minga indígena, los jóvenes que marchan o las mujeres.

@Fer_GuzmanR