El Gobierno pareciera no darse cuenta de que estirando mucho la cuerda puede llegar a reventarla. Eso es precisamente lo que está sucediendo en materia tributaria. El Gobierno viene imponiendo cada vez más impuestos que como consecuencia han alejado más y más la posibilidad de inversión extranjera y han desencadenado un creciente “brain drain” (fuga de cerebros) y desplazamiento de empresarios colombianos que buscan domiciliar su actividad económica en un país distinto,  con una carga fiscal resistible y al menos comprensible, sencillamente porque no pueden seguir pagando impuestos para responder al déficit fiscal que ha producido el abuso de poder, la corrupción y en algunos casos el despilfarro de los dineros públicos en nuestro país.

Es importante detenernos a analizar lo preocupantes y terribles que pueden ser las consecuencias de esta situación. Y es que mientras en otros países se establecen incentivos al inversor y se debate como reducir los impuestos, lo que lleva a mejorar la dinámica económica, la creación de empleos y nuevas fuentes fiscales como consecuencia de la acción empresarial y comercial, en Colombia no sólo se han venido aboliendo esos incentivos, sino que se han venido imponiendo nuevos impuestos. Esto, además de representar una carga excesivamente onerosa, ha terminado afectando en materia grave la necesidad de una mínima estabilidad jurídica para programar las inversiones, lo que en el pasado era una de las características y principales ventajas competitivas de nuestro país. Por lo anterior no debe sorprendernos que la inversión extranjera cada día sea menor, tal y como lo reflejan las cifras económicas y lo evidencia nuestro día a día.

Con el ánimo de incrementar los ingresos al presupuesto nacional, han vuelto a Colombia un Estado casi que confiscatorio frente a sus contribuyentes y lo único que van a lograr es que en lugar de conseguir tener mayores ingresos éstos disminuyan. En este sentido cobra mucha relevancia la metáfora con la que pretendo explicar el tema, pues sin lugar a dudas el Estado requiere de ingresos para cumplir sus deberes fundamentales en infraestructura, educación, seguridad y provisión general de bienes públicos, pero la obtención de dichos recursos no puede darse sacrificando la fuente generadora de los mismos que no es ninguna otra que la actividad económica.

Siguiendo con la filosofía popular, la respuesta en la materia estará precisamente en el justo medio. La cuerda no puede estar tan floja que impida contar con recursos esenciales para el accionar del Estado ni tan estirada que ahogue a los contribuyentes o lo que es peor totalmente rota generando un círculo vicioso de menor actividad económica, menores ingresos fiscales y menor accionar en beneficio de la sociedad.