Cada día aumenta la presión para someter cada decisión que se tome a la llamada “consulta previa”, que no es más que un mecanismo que permite socializar y aprobar o improbar los diferentes proyectos que involucran territorios en los cuales se asientan comunidades étnicas o raizales; en teoría, y solamente en teoría, este mecanismo permite que los interesados influyan en las decisiones que se toman con respecto a lo que se vaya a hacer dentro del territorio de su influencia.
El proceso, bueno en teoría, adolece de tres problemas graves que hacen del mismo un mecanismo de presión, que no siempre aboga por el bienestar de las comunidades, incluso algunas veces coadyuva en el deterioro de los entornos y en el deterioro socioeconómico de las mismas comunidades. El primer problema consiste en que, en muchos casos, quienes negocian las condiciones mínimas de los proyectos no son personas de la comunidad, sino asesores que están involucrados en procesos con diferentes comunidades y en diferentes regiones; lo anterior hace que no tengan un conocimiento profundo de las necesidades reales y de las costumbres de los lugareños y se convierta el proceso en un problema económico de no muy buen manejo. A manera de ejemplo, en alguna ocasión se logró para una comunidad en la que no había energía eléctrica, la inclusión como requisito de un computador por cada 3 estudiantes del colegio.
El segundo problema está dado por el hecho de que la idiosincrasia de los pueblos distorsiona las reales necesidades de los mismos, y sirva como ejemplo el antecedente lejano de la decisión solicitada por el gobierno de Rojas Pinilla, sobre si en Cartagena se terminaba el alcantarillado o se construía el estadio de béisbol, ¿Ya está terminado el alcantarillado? El estadio de béisbol sí. ¿Eso es lo que realmente convenía a la comunidad?
Y el tercer problema es quizá el más grave de todos: a las comunidades se les pide que tomen decisiones sobre impactos ambientales y sobre manejos de ecosistemas, decisiones que hoy por hoy tienen sesgo político y que no se pegan a principios básicos del desarrollo sostenible. En algunos municipios se prohíbe la minería, pero se sigue construyendo con minerales, o se promueve el turismo, pero se depredan los ecosistemas para explotar el mismo.
Surge entonces una pregunta sobre estos procesos seudo democráticos, ¿están capacitadas las comunidades para decidir sobre aspectos técnicos o económicos?, decir que sí, equivaldría a decir que el paciente debe decidir su tratamiento al asistir al médico, o que el propietario de una vivienda debe aprobar los diseños estructurales de la misma.
Creo que se debe abogar por una consulta sí, pero amparada en estudios técnicos, en capacitación e información adecuada a las comunidades y desprovista de idearios políticos, no como está hoy por hoy, manejada con criterios políticos o empresariales, buscando beneficios económicos y no ambientales y sociales y con poderes que acaban por truncar el desarrollo.
@alvaro080255