La promesa de la Constitución de 1991 en materia de igualdad y democracia económica se ha ejecutado principalmente por la acción de la justicia.

Decisiones de los jueces en materia de salud, derechos de los trabajadores y de las personas con debilidad manifiesta, protección social e inclusión, han hecho que el acuerdo constituyente no quede en buenas intenciones.

¿Qué pasaría si no existiese Colpensiones o si las coberturas en salud se restringieran al plan inicial de beneficios o si las interpretaciones sobre protección a la mujer, las personas mayores o en situación de discapacidad no se actualizarán conforme los criterios constitucionales?

Debilidades estructurales y condiciones del modelo económico, frente a una reducida capacidad estatal, se vieron agudizadas por los efectos pandémicos, favoreciendo un clima de inconformismo y protesta social.

En Colombia se protocolizó la alternancia política por décadas en el frente nacional, pero se materializó la continuidad ideológica en el gobierno y la aplicación de prácticas clientelares para conformar mayorías. Ello trajo como consecuencia el crecimiento de la brecha entre política y sociedad, reflejada en la discordancia entre los lenguajes de un gobierno saliente para el cual todo está en orden y una sociedad que en las urnas votó claramente por el cambio.

La convocatoria por el Presidente electo a un acuerdo nacional que busca estabilizar la convivencia política, así como la representatividad que ejerce la Vicepresidenta de sectores sociales y territorios periféricos, y en especial el mandato que se le ha dado por la igualdad, son evidencias de un espacio transformador que debe contribuir a acelerar la inclusión en el país.

Ello se reafirma con la designación del ministro de Hacienda, quien representa un pensamiento económico que promueve el capitalismo social, la construcción de productividad sostenible y de una economía al servicio de la gente, con capacidad para enfrentar la pandemia de la inflación.

Los recursos destinados a la inclusión no son un gasto sino una inversión, como lo sostiene Esping-Andersen aludiendo a los retos del estado de bienestar. Transformar el modelo económico no compromete su eliminación, pero sí identificar nuevas prioridades colectivas y actualizar el papel del Estado, sin estatismos trasnochados, ni posturas posliberales plegadas a la voluntad del mercado.

Es la hora de avanzar hacia un pacto de Estado que actualice la Constitución en el cumplimiento de los derechos sociales y ambientales. España logró con el de Toledo sentar las bases estratégicas de su sistema de seguridad social, más allá de partidos y de gobiernos, así como Uruguay estructuró un esquema de diálogo y concertación en materia laboral y de derechos sociales, que bien sirven de referente para los pasos porvenir en Colombia. En septiembre, Chile decidirá si acoge o no una constitución progresista.

Es el tiempo además para que las reformas se adopten democráticamente en el escenario natural del Congreso. Los criterios judiciales deben servir de guía para que se renueven las políticas públicas y la sociedad sea capaz de superar la fiebre de la tutela, no afectando el remedio, sino combatiendo el virus del incumplimiento.

Fortalecer el intercambio entre derecho constitucional y derecho del trabajo y seguridad social es clave, como profundizar el diálogo entre las altas Cortes en estas materias.

La metodología del cambio es un amplio diálogo social. Reformar la salud, las pensiones y el régimen de subsidios sin concertación ni participación ciudadana es imposible.

Prevenir el mesianismo, la concentración de poder, el unanimismo y la debilidad de controles, y fortalecer la autonomía de la justicia como garantía de las libertades, son tareas indispensables para una transformación social concertada, responsable y sostenible.