Algunos gobiernos -especialmente en América Latina- han justificado el crecimiento exagerado del tamaño Estado, el exceso de poder de los gobernantes y la dramática disminución de libertades económicas y personales, en la reivindicación de una deuda social. Esta línea discursiva ha sido tan exitosa, que hoy resultan políticamente incorrectas las discusiones y los cuestionamientos a la metodología que estos términos abrazan. Por eso mismo, en esta columna me voy a atrever a hacer cuestionamientos a estos términos que considero falaces.

Acabar la pobreza es el objetivo principal en la mayoría de las sociedades. En ese objetivo todos estamos de acuerdo, nos diferencian la forma de alcanzarlo. En el discurso de la justicia social, los políticos se han quitado la responsabilidad y la han transferido a los empresarios e individuos con éxito dentro de la sociedad. Esto es falaz por varias razones. 

Para empezar, cada centavo que se gana un buen empresario, sometiéndose a las reglas de la libre competencia, es el residuo de un proceso que reparte riqueza en cada una de sus etapas y a diferentes actores. ¿Cuándo usted compra algún producto o servicio se ha detenido a pensar en la cantidad de personas que se beneficiaron del proceso de fabricación, distribución y venta? La riqueza no es una torta que hay que repartir en partes iguales, pues de lo contrario alguien quedaría con una porción reduciendo el pedazo del otro. Por el contrario, la riqueza se genera todos los días, en cada transacción que hacen los individuos libres. Mediante la libre competencia, una empresa mejora la calidad de vida a todos. Cuando deja de hacerlo, los consumidores eligen al competidor y quiebra. 

Recordemos por otro lado que el Estado no genera riqueza, solo la distribuye. Esta distribución generalmente se hace mal, y en países como el nuestro termina quedando gran parte del botín en bolsillos de políticos corruptos. Hacemos entonces las cosas al revés le quitamos al que genera riqueza a través de altísimos impuestos, para darle más al que la malgasta y la roba, y a esa transacción la llamamos “justicia social”. Pareciera el mundo al revés. Bien lo decía el escritor español Baltasar Gracián, “si el Estado es malo, es preferible que sea pequeño. Si es bueno, en cambio, podemos discutir el monto apropiado de los impuestos. Una persona responsable no le entrega una navaja a un mono borracho”. 

Reducir la pobreza y construir una mejor sociedad es un objetivo de todos, para lograrlo hacen más 1 millón de dólares en manos de un empresario exitoso, que a discreción de un político.

Un empresario trabajando es la fórmula más eficiente para sacar masivamente a millones de la pobreza. Si lo que queremos es vivir mejor o “sabroso” como dicen algunos, necesitamos a cientos de miles de empresarios trabajando libremente, sin mayores restricciones, ni trabas. Como bien explica el economista Daniel Lacalle en su libro “Libertad o Igualdad” “no existe nada más avaro que el concepto de ‘justicia social’, porque parte de una falacia para justificar una inmoralidad. La falacia es que el crecimiento económico, la generación de riqueza, es un juego de suma cero y que para que unos ganen, otros tienen que perder”. 

Nunca lograremos acabar la pobreza si seguimos permitiendo que se use la excusa de la falsa deuda social para dar más poder a los políticos, debilitando al empresario. 

Twitter: @camiloguzmansa