LAS VÍCTIMAS DEL DESDEÑO

En el Consejo de Seguridad

¿Qué diablos puede hacer Celac en verificación?

ES  importante que el llamado conflicto armado colombiano haya llegado al Consejo de Seguridad de la ONU. La resolución aprobada establece una misión política especial para la verificación del cese del fuego y la dejación de las armas por parte de las Farc. La financiación mutilateral de las operaciones es punto sobresaliente.

El mecanismo tripartito con la participación de Celac no es sólido. La ONU brinda el respaldo político y allega los recursos pero carece de un dispositivo permanente para adelantar verificaciones de ninguna índole. Si algún origen remoto tiene la tercerización es precisamente en las labores de verificación y monitoreo cuyo apogeo se dio durante la guerra dentro de la antigua Yugoslavia. Kosovo recibió, en el otoño de 1999, la KVM [Kosovo Verification Mission] compuesta por personal de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación Europeas) secundado  técnicamente por la OTAN.

Las dos entidades tenían (y tienen) la experiencia y conocimiento de punta en tareas de verificación y monitoreo. Personal permanente que va (en el caso de OSCE) desde vigilancia electoral hasta estado del arte en GPS e inteligencia militar (en el caso de la OTAN). Su presencia llevó a un efectivo desescalamiento de la guerra kosovar.

¿Tiene la Celac estas características? No, definitivamente no. Es una irresponsabilidad grave confiarle tareas técnicas que desconoce. Nadie medianamente serio vería al ejército haitiano o ecuatoriano desplegando verificación y monitoreo. Fuerzas militares estructuradas como la chilena o peruana carecen de conocimiento y experiencia en el tema.

Pero es vital para las víctimas de las Farc que el dossier colombiano haya arribado finalmente al Consejo de Seguridad. Los colombianos que hemos trabajado para cuerpos dependientes en forma directa del máximo órgano decisorio de la ONU sabemos bien que tanto paz como seguridad consagradas en el capítulo VII de la Carta juegan armónicamente en sus decisiones. Si hay verificación y monitoreo de un cese bilateral, el elemento justicia no puede viajar en la silla trasera.

Los crímenes contra la humanidad constituyen un delito contextual. Son parte de un escenario ampliado que no demanda intención específica, como ocurre con el genocidio. Aquí es donde falla gravemente el acuerdo suscrito con las Farc,  que se lleva por delante la jurisprudencia criminal internacional. La responsabilidad colectiva, con la cual se pretende aminorar en culpabilidad o exculpar a la insurgencia pero condenar en bloque a las fuerzas armadas, es el conejo diabólico que apenas muestra sus orejas negras dentro del cubilete que nos están vendiendo.

Las víctimas  -las grandes olvidadas en este proceso- pueden tocar las puertas del Consejo de Seguridad. Para que el dossier se amplíe. Así ha ocurrido en Líbano, Camboya y Sierra Leona. Los gobiernos de Francia y Gran Bretaña han sido fieles sostenedoras del equilibrio que incorpora el factor justicia. También el Partido Republicano que podría estar ad portas de la Casa Blanca con Cruz o Trump, querámoslos o no.

Si el cese de fuego tiene éxito –para lo cual es necesario tecnificarlo- se habrá dado un paso adelante hacia la paz. Pero el desdén hacia las víctimas –como lo ha llamado Diana Sofía Giraldo- podría estar incubando, callada pero certeramente, la necesidad de llevar la demanda de justicia al propio seno de la ONU. Ni ministro de Justicia, ni jefe de Víctimas se hicieron presentes en  un encuentro multitudinario de afectados -cerca de 600 personas- convocado por la senadora Sofía Gaviria el pasado jueves.

La indignación de los damnificados puede ser desdeñada. Su virtualidad de expresión global es sin embargo increíblemente poderosa. Que no se sorprendan quienes los ignoran del mañana próximo cuando salten de pronto en pleno hemiciclo del Consejo de Seguridad.

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¡80 años de libertad de expresión en EL NUEVO SIGLO!