Farc: momento definitivo

Se llega a la fase clave de la negociación con las Farc conocida de sobra la posición del movimiento insurgente en los dos puntos cruciales. Primero, no ser culpables de ningún delito contra la humanidad o las leyes de la guerra. Segundo, no habrá dejación de armas sino no-utilización mientras se hacen efectivas garantías de reformas estructurales del Estado y la sociedad (lo dijo hace cuatro días alias José Santrich).

En torno del primer tema, el presidente Santos ha dicho que el punto crítico se encuentra en el lugar por el cual se trazará la línea entre justicia y paz. Cuán útil sería recordar hoy que la justicia penal internacional no fue concebida como opción distinta o antítesis de la paz. Al contrario. La Resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad de la ONU que le dio origen la define como garantía concreta de la paz en cuanto desarrollo del Capítulo VII de la Carta. Que se conozca de estos delitos supremos en las jurisdicciones nacionales no es atentado a la paz sino garantía de ella. Así, establecer polaridades entre justicia y paz es equivocado.

Existe un derecho imperativo que prohíbe la comisión de estos delitos. Es una ingenuidad proyectar con el deseo que el gobierno de EE.UU. o los de la UE van a ceder en este aspecto fundamental. Tampoco la opinión doméstica. Claras son las encuestas en este sentido. Debe haber sentencia y castigo efectivo para determinadores de estos crímenes. El grueso de la guerrilla, sujeta a órdenes, puede estar tranquila. Si hay voluntad de paz, la dirigencia insurgente comprometida con delitos debe estar dispuesta a pagar. La jurisprudencia de los tribunales internacionales y la CPI muestra, además -en aras de la paz, aquí si- sentencias benignas. Colombia podría celebrar convenios bilaterales, como lo viene haciendo la ONU, con países dispuestos a acoger en sus sistemas penales a estas personas. El paso inmediato a curules legislativas o dirigencias políticas es inaceptable jurídica y políticamente.

Acerca del segundo tema, desarme, el presidente Santos -ni siquiera los negociadores- tiene que hacerle saber al país que demandará la entrega y destrucción de armamentos. Y los negociadores con las Farc, en La Habana, deberían ser instruidos de cara al país en este sentido, sin que quepa opción diferente. La tal paz armada será el derrumbe seguro de la legitimidad.

La Resolución Única de la Asamblea General de la ONU sobre Desarme (A/S-10/4, 1978) elabora los principios rectores de desarme  y más concretamente decommissioning (no existe traducción unívoca al español) cuyo significado es desarme total y definitivo tras conflicto armado. Según esta Resolución, Naciones Unidas ostenta rol central en esta materia y debe ser informada puntualmente de todos y cada uno de las instancias que se den en esta dirección, ya sea unilateral, bilateral, regional o multilateralmente, sin perjuicio de la autonomía negociadora.

En Irlanda del Norte se creó la Independent Commission on Decommissioning en los Acuerdos de Viernes Santo de 1998, presidida por el General canadiense John de Chastelain. Es la base dura del éxito de la paz norirlandesa. Esto debe hacer ya el actual Gobierno: estructuración de una comisión internacional que haga el monitoreo de entrega y destrucción de armamentos. Sin ella es insensato proyectar la paz. Ha corrido el tiempo y necesitamos respuesta a los temas donde parte la paz o nos quedamos sin ella.

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La Universidad de Los Andes debe encontrar y expulsar a los matones que atentan contra un logro histórico de inclusión socio-económica de esta administración. Y el presidente Santos ordenar la suspensión de vulgar matoneo público, lamentado por el expresidente Pastrana, a ministros.  Su ejemplo se está padeciendo.