ORTEGA Y CÁRDENAS

La reforma expoliadora

EL  ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha vadeado con el beneplácito y silencio de los medios el sinnúmero de problemas que su paso por despachos ministeriales ha generado. Siempre se aduce que tras del respectivo descalabro está la mente iluminada de un funcionario público sin tacha. Al penúltimo director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, le sucede lo propio. No importa que hubiese sido el segundo empleado en rango de la administración capitalina de Samuel Moreno. Él jamás vio nada irregular como director de las finanzas públicas de Bogotá. El premio fue la dirección de la autoridad tributaria nacional.

Pero es hora de que el principio de responsabilidad en la gestión pública empiece a operar. Es necesario iniciar la formulación de preguntas. ¿Cómo se llegó al déficit descomunal en estos últimos 5 años? ¿No estaba en obligación el ministro Cárdenas de tener en funcionamiento un sistema de alertas tempranas? ¿Si se nos insiste una y otra vez que el país está gobernado por la administración de las profundas reformas históricas en todos los campos, por qué razón la insistencia del ministro Cárdenas desde hace meses en que no habría reforma tributaria estructural? ¿Por qué razón dice el ministro, en contra de toda evidencia, que el impuesto al patrimonio es eficiente y la  imposición que se busca responde a una tendencia universal contemporánea?

En el caso de Ortega es preciso hacer juicios definitivos. Experto en difundir verdades a medias y eludir responsabilidades serias y convertir fracasos en victorias de niño diferente, no se interesó en modificar la perversión más clara de nuestro sistema tributario que son las desigualdades en el sistema errático del impuesto sobre la renta que obligan a pagar una tarifa real mayor a los pequeños y medianos empresarios al paso que los grandes capitales tienen a su servicio un universo de exenciones. Ortega se dedicó a ampliar ese marco carente de técnica.

Si se hace una comparación entre el día de su partida de la DIAN y se coteja con las cifras recibidas en el momento de su posesión la conclusión es trágica. Evasión y elusión se agigantaron. Casi 30 billones de pesos por los días de su salida. ¡Es que hay unos problemas tecnológicos y nos van a mostrar en Chile cómo han hecho! Exclamaba a los medios poco antes de irse. ¿Por qué no lo diagnosticó e hizo algo 4 años antes?

La falsedad en cuanto renglón tenga que ver con transacciones transfronterizas tuvo su apogeo bajo la batuta de Ortega. Y él es padre del manejo inadecuado que se le viene dando al problema de paraísos fiscales.     Se le dijo -al autor de esta columna le hizo alguna consulta sobre el tema- que esas listas negras han sido ensayadas en varios países y el efecto ha sido contraproducente. También se le advirtió -el autor de esta columna lo hizo- no entrar en discusiones públicas con Panamá y buscar un arreglo que debería ser paciente y paulatino.

Se enfrenta el hueco fiscal y los costos del supuesto posconflicto. Cubriéndose en la bandera ideológica de la obra de Piketty -que muy pocos parecen haber leído y nadie en el gobierno- se invoca el impuesto contra la pobreza -eufemismo barato- para asestar una puñalada al emprendimiento bueno en Colombia. Y resultamos con que los poseedores de más de 1.000 millones de pesos son grandes ricos.

La clase media, el Colombian mainstream, es la gran expoliada. Con dos manos metidas en sus bolsillos, arrebatado el patrimonio de pensionados, y con una paz armada, el pronóstico no puede ser más pesimista. Pero hay margen de maniobra: el presidente Santos tiene aún unos pocos días para enderezar el rumbo extraviado.