Corrupción mediana y pequeña
Es muy positivo el anuncio de una fuerza de tarea conjunta integrada por la UIAF, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia para combatir la corrupción y dar caza a los delincuentes de cuello blanco.
Rafael Merchán, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, viene demostrando que sabe responder los retos y ha entendido la envergadura de la tarea que carga en sus hombros. Muestra mayor sensibilidad y entendimiento institucional que el de funcionarios que definitivamente no convencen como el actual director de La DIAN, Juan Ricardo Ortega, a quien le falta tanto entendimiento de Estado como formación académica (parece que no terminó su doctorado porque le sobrevino un ataque de nervios). Para no hablar de la chabacanería de un funcionario cuyo vocabulario de hampón ha sido extraído directamente de tabernas de mala muerte. Y para no hablar de acciones suyas que silenciosamente configuran violaciones flagrantes a los DD.HH. y muy pronto llegarán a los órganos judiciales competentes en Colombia y en el exterior.
Pero no nos dejemos distraer del tema. El cuerpo elite que será aprobado por el Conpes en las próximas semanas busca perseguir la delincuencia de cuello blanco en las distintas esferas del Estado, centrado en la judicialización de casos emblemáticos. 56 por ciento de los colombianos cree que el nivel de corrupción ha crecido en los dos últimos años. 62 por ciento considera que la corrupción es un problema muy grave en el sector público.
Pero las encuestas dejan por fuera la indagación de llagas abiertas y supurantes en el país: la corrupción mediana y pequeña en los distintos niveles del Estado en todas las regiones del país. Asimismo, la corrupción en la esfera privada que, según cálculos preliminares de K Intelligence, líder global en sistemas anti-corrupción pública y privada, es en Colombia un fantasma de dimensiones pantagruélicas. Es ya práctica extendida en muchas empresas y entidades privadas en nuestro país que la gestión de una solicitud cargue con el consabido costo extra de expedito diligenciamiento. Y esta es la corrupción que padecemos los ciudadanos del común.
La lucha contra estas formas de corrupción, que nos afectan a todos, es el gran vacío que se le sindica a la administración Santos. Los casos representativos son importantes pero es la neutralización de esta corriente perniciosa y destructiva que golpea el bolsillo de todos la que merece también atención. No es simplemente el recobro por falsas exportaciones, donde el Director de la DIAN, autoproclamado redentor de la administración pública, cree haber hecho mucho y nada ha hecho, pues se estima que en el último año superaron 1 billón de pesos, lo cual revela un fracaso vergonzoso. Es el problema que encarna el otorgamiento de un crédito donde el usuario finalmente entiende que la malla de filtros tercerizados son simple fábula pues termina siendo objeto de la delicada y condigna extorsión. Es el hurto continuo de inventarios en empresas manufactureras. Es el robo nocturno de litros de leche al ya castigado propietario del hato.
En la identificación de esta malla de corrupciones que asedia la vida del colombiano y le impone un costo y lo que se haya hecho para exterminarla este Gobierno estará la vara de medición de los colombianos al decidir si se le renueva o no el mandato al presidente Santos. Merchán, funcionario competente, tendrá que compenetrarse con los nuevos sistemas anti-corrupción mediana y pequeña, la que nos agobia a todos.