Juan Daniel Jaramillo | El Nuevo Siglo
Lunes, 30 de Noviembre de 2015

En el Consejo de Seguridad

“Son complejos los desafíos de verificación y monitoreo”

Es  entendible que la jefa de la delegación colombiana ante la ONU, María Emma Mejía, celebre el proyecto que entrega a resolución del Consejo de Seguridad la verificación del cese al fuego entre el Estado colombiano y las Farc.

 

Hace algunos meses el doctor Francisco Barbosa Delgado y yo pusimos en manos del presidente de la República la propuesta de que el blindaje jurídico internacional del proceso de paz –pedido entre otros por el expresidente César Gaviria- se originara en un borrador de resolución del Consejo de Seguridad. Este texto, redactado por Colombia, circularía anticipadamente entre los Estados miembros permanentes del Consejo con el objeto de que se apoyase y aprobase una resolución de ayuda al proceso de paz, no simplemente de un encargo de verificación y monitoreo de cese al fuego.

 

 

A partir de esta resolución, y en uso de la potestad soberana que tienen los Estados de emitir declaraciones interpretativas –distintas de las reservas-, Colombia puede adaptar las provisiones penales contenidas en los acuerdos generales de paz a la figura jurisprudencial internacional aceptada (entre otras instancias por la Corte Interamericana de DD. HH.) del margen nacional de apreciación. Se trata de una operación jurídica en el marco de delitos de naturaleza imperativa y la existencia del fenómeno de jurisdicción universal -vivo entre otros países en Bélgica y algunos países escandinavos-, así como en algunas cortes federales progresistas en EE. UU. y jueces británicos y franceses (caso Pinochet en Reino Unido y Kissinger en Francia).

 

 

Infortunadamente, el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo Caro, en entrevista a Claudia Gurisatti (NTN24), dijo que bastaba la “socialización” hecha por él y la canciller ante la fiscal de la CPI. ¡Vía jurídico-internacional bien dudosa para apuntalar un proceso de paz!

 

 

Correcto el movimiento de ir al Consejo de Seguridad para obtener la verificación. Pero este es apenas el comienzo de un problema ingente. La ONU, en efecto, ejecuta funciones de verificación y monitoreo sobre parámetros ad hoc. Es decir, no existe infraestructura coetánea ni sistemas de logística e información establecidos. Mucho menos personal. Recuérdese aquí que el magro personal policivo de que dispone la ONU se origina en comisiones de países miembros. Además, los miembros permanentes del Consejo han sido cuidadosos en evitar el establecimiento de un órgano de inteligencia que pueda llegar a suplantar los propios. Este hecho se vio en toda su magnitud en la antigua Yugoslavia, Ruanda y Camboya.

 

 

Así, son complejos los desafíos que lanza la coexistencia de monitoreo policivo y militar estatales con otras organizaciones. Colombia tendrá que definir si acepta, como ha sido la práctica de la ONU, la presencia de ONG especializadas que cuentan con experimentación para actuar en contextos de alta, media o baja tensión con tecnologías y metodologías de punta como GPS y conformación (fast-track design and implementation) de inteligencia autónoma.

 

 

Kosovo –territorio más pequeño que Cundinamarca- dispuso de un contingente de verificación compuesto por 9.000 personas entre civiles y fuerzas en comisión de otros países. Colombia -varias veces su tamaño- necesitará una operación a escala superior. En Camboya la Autoridad Transicional de la ONU estableció el marco general de una Comisión Mixta Militar y el dispositivo de DD. HH. y derecho internacional humanitario.

 

 

Las operaciones de monitoreo y verificación deben ser altamente eficaces. Obligación de Colombia es presentar el proyecto general para que la Secretaría General de la ONU recoja apoyos materiales y los focalice adecuadamente como se ha venido haciendo. Ojo: no hay transferencia formal de información sobre otras misiones pasadas.

 

 

En este sentido, deben recogerse experiencias exitosas de las repúblicas ex yugoslavas, Ruanda, Camboya, Guatemala, entre otras. El Salvador es el ejemplo a evitarse, donde la insurgencia terminó convertida en la empresa criminal que hoy gobierna allí.

El apoyo del Consejo de Seguridad es apenas el modesto comienzo.