Sobre el precio de la gasolina
Todo debate sobre el precio de combustibles es, en el fondo, de economía política. Y está bien que así sea. En dicho debate estamos entrando en Colombia a raíz del reciente fallo de la Corte Constitucional que definió, con lógica jurídica irrebatible, algo que tendrá repercusiones políticas inmediatas. ¿Qué definió la Corte? Que en virtud del principio de reserva legal consagrado en el artículo 338 de la Constitución, la fijación de los precios de los combustibles que conlleva el funcionamiento del Fondo de Estabilización, corresponde hacerla al Congreso y no al Ejecutivo.
El Gobierno deberá presentar (ya ha dicho que enviará al Congreso con mensaje de urgencia) un proyecto de ley acomodando el funcionamiento del Fondo de Estabilización a los mandatos de la Corte. La discusión de este proyecto de ley hará del debate sobre el precio de los combustibles en Colombia uno de los platos fuertes de la legislatura en curso. ¿Cuál es el almendrón del debate de economía política que se acentuará próximamente sobre el precio de los combustibles? ¿Son caros en Colombia? ¿En relación con qué? El Partido Liberal con olfato político ha salido a empoderarse de esta tesis diciendo que hay que bajar $ 1.000 el galón de gasolina, aduciendo que no hay razón para que sea más costosa acá que en EE.UU. Y tiene razón. No queda claro en su argumentación que acá hay impuestos sobre la gasolina equivalentes al 27% de lo que paga el consumidor en la bomba. En EE.UU. la tributación es apenas del 0,13%. Diferencia gigantesca.
Colombia está en un punto medio: hay países con gasolina más cara que nosotros (Perú, Argentina, Chile, Brasil); otros con combustibles mucho más baratos (Venezuela, Ecuador, México). La clave está, entonces, en los impuestos. Si queremos bajar el costo de los combustibles hay que disminuir la tributación sobre los mismos. El Ministro de Hacienda dice, por ejemplo, que la propuesta liberal de bajar $ 1.000 por galón le valdría al fisco 2,7 millones. De esto que se dejaría de recibir, el 75% lo perdería la Nación en impuestos y 25% restante departamentos y municipios como sobretasa. Se han mencionado fórmulas intermedias, que no van al fondo del problema como, por ejemplo, estudiar mejor cuál es el costo de producción del crudo en Colombia, y remunerar a los asociados y a Ecopetrol en función del costo de producción y no por el de paridad internacional. Esto, además de ser técnicamente dispendioso pues hay costos diferenciales de explotación, puede ser un camino peligroso. Tanto más cuando las reservas colombianas son precarias como lo ha reconocido el nuevo ministro de Minas, que conoce muy bien el tema. Sería grave en ese contexto espantar la inversión extranjera cambiándole abruptamente las reglas de juego de los contratos de asociación.
Solo hay un camino realista: bajar impuestos. Y el candidato natural para correr con este esfuerzo es el Gobierno central, que se lleva la cabeza de león en la tributación sobre combustibles; departamentos y municipios cargan con el costo por el exceso de tráfico en sus circunscripciones y el destrozo de vías secundarias y terciarias. Y apenas captan una cuarta parte de lo que va a las arcas del gobierno central.
Si se baja la tributación nacional sobre los combustibles (lo cual es posible y no sería descabellado) habría eso sí que compensar con otros tributos lo que se perdería. El país no puede lanzarse a una irresponsabilidad fiscal (como sería la de bajar el precio sin compensar la pérdida de impuestos). La misma tributación sobre empresas explotadoras de recursos naturales no renovables puede ser alternativa.
En síntesis, si se baja el precio de los combustibles al consumidor habrá que hacerlo con suma prudencia fiscal. Lo contrario sería echarle gasolina a la hoguera de la demagogia.