¿Los nuevos Herodes?
Gilma Jiménez, el prototipo del verdadero político que buscando el bien común era ejemplo de responsabilidad, de compromiso con su país, de defensa de causas justas y de servicio a los más necesitados. Desarrolló una carrera política siempre destacada como concejala de Bogotá y luego como senadora de la República, pero de la misma manera con actuaciones sobresalientes como funcionaria en la Alcaldía de Bogotá.
Una de sus causas más importantes fue la defensa de los niños. Lo hizo no sólo al liderar la búsqueda de Katherine Huertas (9 años), quien fue violada, asesinada y abandonada en el humedal Jaboque en el año 2004; sino también haciendo de este tema una preocupación permanente hasta liderar un referendo que proponía prisión perpetua a violadores, secuestradores y asesinos de niños. Su principio era actuar contra aquellos que destruyen a los más indefensos, hechos que se constituyen en un drama enorme para una familia.
La respuesta de una de nuestras altas cortes (la Constitucional) fue declarar inexequible el referendo, a pesar de contar con más de dos millones de firmas apoyando la iniciativa, y ni siquiera dándole curso para que se ejecutara. Lo más asombroso es que los argumentos esgrimidos, quizás para lavarse las manos, fueron de forma y no de fondo. Pudiésemos decir que ser violador de niños sigue siendo un delito con una pena leve por temas de procedimiento.
Sabíamos desde antes la antipatía que siente la Corte Constitucional por los derechos de los niños, aún en el vientre de la madre, cuando abrió la puerta al aborto, alegando tres casos, pero en la práctica y por la amplia interpretación de su sentencia, facilitando cualquier caso.
Lo que no sabíamos es que la antipatía llegaba a tal nivel que ahora se extiende a los niños que están en situación de adopción. La Corte Constitucional, que no tiene la representación política de un congresista, decidió en el 2011 con Sentencia T-844 prácticamente castigar a los niños maltratados y abandonados a convertirse en hijos del Estado y a estar por siempre recluidos en instituciones oficiales como el ICBF, negándoles el derecho a una familia.
Como si no entendieran el sufrimiento de un niño abandonado al Estado, exigen indagar hasta el sexto grado de consanguinidad por algún familiar dispuesto a quedarse con el niño abandonado. Evidentemente aparece alguien que siente un poco de lástima o vergüenza y recibe al niño por seis meses o un año, al cabo de lo cual lo devuelve al Estado y empieza el nuevo drama del niño abandonado pasando de institución en institución. Frustración más frustración. Mientras tanto, pasan los años ideales de adopción, y el niño pierde su derecho a tener al final una familia. El drama es que de 2010 a la fecha los niños adoptados se han disminuido en un 80 por ciento.
Triste el trato que la Corte viene dándoles a los niños en Colombia. Nos va a hacer mucha falta Gilma Jiménez o alguien que se comprometa con la infancia.