¿Auto-pena de muerte a ancianos?
En una nueva incoherencia de pensamiento y de actuaciones, en un país que dice estar caminando hacia la paz y haciendo de dicho asunto una política de Estado, en un país que se reclama respetuoso de la vida de los seres humanos, ahora el Legislativo abre un nuevo debate que va en contravía de todo lo anterior.
Me refiero al debate que se abre con dos proyectos de Ley en el Legislativo sobre el tema de la eutanasia. De nuevo no se trata de un tema religioso o moral, se trata de un asunto de humanidad y dignidad.
La polémica se refiere de un lado al proyecto del senador Armando Benedetti, que abiertamente propone una Auto-pena de Muerte a los Ancianos, pues les permite a los pacientes acabar con su propia vida. Dicho de otra manera propone el camino fácil de atentar contra la dignidad humana, con el sofisma del sufrimiento del paciente. Un argumento de este tipo justificaría entonces con cualquier forma de atentar contra la vida humana, no solo en estado terminal sino en cualquier otro estado.
En paralelo, y sin orden alguno, aparece en el Legislativo otro proyecto de ley al cual le hace falta un debate en el Congreso de la República. Se trata de una iniciativa que a diferencia de la anterior respeta la dignidad humana aparentemente y le da facultad al paciente terminal para decidir o no si quiere someterse a un tratamiento que alargue su vida. Esta propuesta va en la dirección de un respeto a la dignidad humana y entra en colisión con la anterior propuesta. Una cosa es impedir el alargamiento artificial de la vida y otra muy distinta (como la propuesta de Benedetti) que permite la “terminación intencional de la vida por otra persona”.
Sinceramente no entiende uno que un senador de la República como Armando Benedetti propone un proyecto que claramente va en contravía de la Constitución Política, y adicionalmente nos invita a entrar en el denominado “homicidio por piedad o suicidio asistido”. Aquí el tema no es de posiciones distintas, ni siquiera de constitucionalidad, es mucho más profundo, pues se refiere a una propuesta que atenta contra la dignidad humana y contra la vida misma.
Valdría la pena insistir en la coherencia de política pública, necesaria en un país que se ha apostado por la paz, pero que en propuestas como la discutida pareciera va en la dirección exactamente contraria.
De postre
La sentencia de la Corte Internacional de Justicia no puede definirse de forma distinta a una gran derrota. Lo que sigue es rodear el Gobierno en la defensa de la Nación, y revisar muy bien las actuaciones políticas y jurídicas que llevaron a este desastre. Naturalmente también preparar todas las actuaciones diplomáticas que protejan a nuestros pescadores, sabiendo que Nicaragua no los respetará, por cuanto no lo ha hecho aún hasta hoy donde teníamos la soberanía sobre los territorios y el área marítima que perdimos.