CERTIDUMBRES E INQUIETUDES
Jueces que “fallan”
El artículo 44 de la Constitución proclama los derechos fundamentales de los niños, uno de los cuales consiste en ser protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
La misma norma declara que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
Además, están los tratados y convenciones internacionales sobre derechos de los niños, y la abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional a ese respecto.
Sin embargo, cuando el país recibe aterrado las informaciones, prácticamente diarias, acerca de toda clase de abusos y violencia carnal, abandono, tortura, venta, secuestro, reclutamiento forzado, explotación y trabajos riesgosos, utilización para fines de pornografía o mendicidad, homicidio y las otras mil formas de conductas delictivas que tienen lugar en contra de los menores a lo largo y ancho del territorio y en todos los estratos sociales, muchas veces por sus propios familiares, o -peor todavía- con la autoría, complicidad o coparticipación de madres desalmadas, no solo se concluye que esas bien intencionadas normas y providencias se han quedado en la teoría, superadas por una cruel realidad, sino que nuestra sociedad se encuentra enferma, en una grado de enfermedad progresiva y de muy difícil recuperación.
Cuando se nos dice que jueces de la República conceden beneficios, rebajas de pena, casa por cárcel o libertad a individuos que han confesado, se les ha probado o han sido sorprendidos en flagrancia, habiendo maltratado, torturado, violado o asesinado a niños -inclusive en su más tierna infancia-, o cuando jurisprudencias de altos tribunales sostienen que no se trata de beneficios sino de verdaderos “derechos”, y que -contra la Constitución- prevalecen sobre los derechos de los niños, tenemos la desagradable sensación de que la fuerza bruta, la violencia, la cobardía y la sevicia están derrotando en Colombia al Derecho y a su valor fundamental, la justicia.
Rechazamos la justicia por mano propia, y no aceptamos, porque nos conduciría al más absoluto caos, que una comunidad -como ya ha ocurrido varias veces en días recientes- se abalance furiosa, ciega y enloquecida sobre el delincuente para lincharlo. Pero, si bien no se justifica semejante conducta, ella es comprensible, y el Estado -particularmente los jueces y magistrados- deben tomar atenta nota de tales brotes de violencia colectiva, que significan vindicta, rabia y desesperación, porque tan grave fenómeno revela que nuestra justicia está fallando, y no propiamente en el sentido de sentenciar.