¿Qué se reformará?

En su discurso del 20 de julio, al instalar el Congreso, el presidente Santos se comprometió a presentar en pocos días un proyecto de Acto Legislativo por el cual se cristalice lo que denominó una “reforma del Estado”. Es decir, si nos atenemos a sus palabras y si ellas corresponden a lo que significa el concepto de Estado, ya no se trata solamente de la reforma a la justicia, retomada hace algunos meses por el Gobierno después de un lapso de silencio al respecto, como consecuencia de la estrepitosa caída del texto de origen gubernamental  aprobado en 2012. Se trataría de un ambicioso proyecto que tocaría todas las ramas y órganos del poder público, o, en otros términos, sería una gran reforma constitucional, que según le entendimos al doctor Santos, buscaría un “rediseño” integral de la Constitución de 1991.

No otra cosa se infiere de lo manifestado por el Presidente:

“Finalmente, quiero mencionar el tema de la reforma de equilibrio de poderes que vamos a someter a consideración del Legislativo.

Para evitar los abusos, la arbitrariedad y el despotismo es necesario que el poder limite el poder.+

Próximos a los primeros cinco lustros de vida de la Constitución de 1991 -y luego de las enmiendas introducidas a ella como colchas de retazos- hay que admitir que nuestro sistema institucional requiere de una profunda revisión.

La reforma que proponemos busca restablecer en nuestra democracia el principio de “pesos y contrapesos” que se debilitó por cuenta de la figura de la reelección presidencial y por la falta de claridad en algunas de las competencias de nuestros organismos constitucionales.

Se trata de una reforma del Estado para fortalecer la legitimidad democrática de nuestras instituciones”.

Estamos de acuerdo en que, siguiendo la doctrina de Montesquieu, son necesarios los límites al ejercicio del poder, porque, como expresara Lord Acton, “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Pero habría que preguntar:

¿Qué instituciones o funcionarios han incurrido, en el sentir del Jefe de Estado, en abusos, arbitrariedad o despotismo?  Porque los grandes problemas, nos parece, no han surgido de las normas originales de la Carta Política sino de un ejercicio desordenado del poder de reforma -que ha llevado a la “colcha de retazos” de la que habla el Presidente- y particularmente de las personas que han venido desempeñando algunos cargos de unos años a esta parte.

Veremos el proyecto. Pero que se reforme únicamente lo que amerite reforma.