El Congreso

La confrontación objetiva y razonada entre las normas constitucionales -que en un Estado de Derecho, rigen el funcionamiento de las ramas y órganos del poder público- y el desarrollo efectivo de aquéllas en determinados períodos, es algo indispensable para sostener la democracia, encomiando los éxitos, señalando los errores y pidiendo que se afinen los mecanismos que presentan fallas.

Culminadas las tareas del Congreso el pasado 20 de junio, un análisis de rendimiento nos permite afirmar que es regular el balance que se puede hacer sobre su actividad en estos cuatro años de período. Es claro que la gestión de la Rama Legislativa no se mide por el número de leyes aprobadas sino por la calidad de las expedidas y por todo aquello que, debiendo ser rechazado, lo fue en realidad.

En favor del Congreso saliente podemos enunciar la aprobación de algunas leyes importantes como la que adoptó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o la que aprobó el Código General del Proceso, y desde luego, cabe hacer referencia a la consagración de la Cátedra de la Paz en todos los establecimientos educativos. En contra debemos mencionar la aprobación del Acto Legislativo sobre sostenibilidad fiscal, que aplazó la vigencia del Estado Social de Derecho y lo contradijo en varios aspectos, y que pretendió supeditar a la economía la efectividad de los derechos fundamentales.

Tampoco fue buena la reforma constitucional al régimen de regalías, ni la eliminación del régimen de impedimentos de los congresistas, que después la Corte Constitucional declaró inexequible. Entre los grandes fracasos, no podemos dejar de mencionar el de la reforma a la justicia, tan inconstitucional en su contenido como en la forma en que se lo hundió -contra toda la jurisprudencia de la Corte-, y los de la reforma a la educación y a la salud.

Obviamente, una fundada crítica que han merecido los últimos congresos y de la cual el que terminó su período no ha escapado, es la relacionada con su pérdida de identidad y su absoluta dependencia del Ejecutivo. Prácticamente, el Congreso ha dejado de ser una rama autónoma para convertirse en ente subalterno de las decisiones presidenciales por equivocadas que éstas sean. Por todo eso, la mirada y las expectativas de los colombianos recaen ahora sobre el nuevo Congreso, que comenzará a actuar este 20 de julio y que esperamos sea un poco más independiente y analítico.