¿Hacia la revocatoria?

Es un hecho incontrovertible y lamentable -especialmente doloroso para quienes en el pasado hemos pertenecido a alguna de las altas corporaciones- que la administración de justicia colombiana -especialmente en la cúpula- pasa por su peor momento. La crisis es tan protuberante y grave que, como nunca antes ocurrió desde hace décadas, está tomando fuerza la idea de dar por terminado anticipadamente el período de todos los magistrados de las altas corporaciones de justicia. Una propuesta de revocatoria colectiva que al principio se vio por algunos como una  exageración del abogado y columnista Ramiro Bejarano, pero que con el correr de los días se ha venido extendiendo, no tanto por los ataques de malquerientes de la rama judicial sino por la magnitud misma de la crisis, como efecto multiplicador de cada vez más frecuentes actos equivocados y de conductas inaceptables de los propios magistrados.

“Por sus frutos los conoceréis”, como dicen las sagradas escrituras. Y a decir verdad, aunque subsisten funcionarios honestos que han venido sosteniendo a duras penas la cada vez menor credibilidad de la justicia, han sido los mismos órganos de la rama judicial los que, por sus pasos contados, se han puesto al borde del precipicio.

La razonada propuesta de Bejarano fue formulada en los siguientes términos:

“Es la hora de que se revuelque la justicia, sea por el Congreso o por una Constituyente, y se revoquen los nombramientos de los magistrados de las cortes, sin excepción, para barajar de nuevo e integrar nóminas blindadas contra la tentación clientelista, el halago de los homenajes de los subalternos, o el tráfico de influencias” (El Espectador, 11 de enero de 2014).

 El periodista Daniel Samper Pizano dedicó su última columna en El Tiempo (13 de abril) al grave problema y respaldó la propuesta:

“…Bejarano, con apoyo cada vez mayor, propuso una medida radical que consiste en revocar los períodos de todos los magistrados (lamentablemente, también los buenos), remover el cáncer de la política de su seno y nombrar juristas insospechables”.

La revista Dinero expuso:

“Los excesos de la justicia siguen pasándole cuenta de cobro al país y a la economía”. (Número 442. Abril de 2014).

El origen diverso de bien fundamentadas observaciones de la opinión pública, pero especialmente los inconfundibles signos de una administración de justicia incapaz y clientelista que hace imposible la confianza del ciudadano en su imparcialidad, deja ver que la situación actual de la rama es verdaderamente crítica.