Defienda la tutela

Como acontece con casi todo en Colombia, basta que un tema se ponga de moda en los medios de comunicación para que principien a ser formuladas propuestas de reforma constitucional o de nuevas leyes. Por ello, la presentación de varias demandas de tutela en defensa de los derechos de los electores bogotanos frente a la destitución e inhabilidad del Alcalde Mayor -demandas que no podemos calificar de abusivas sin conocerlas- ha dado lugar a que los recurrentes enemigos de la acción de amparo pregonen la necesidad de una enmienda constitucional que acabe con ella o que la inutilice.

Sin desconocer que en algunos casos -desde 1991, cuando se estableció- se han incoado acciones improcedentes, lo cierto es que, si miramos su trayectoria en nuestro Derecho Público,  la tutela ha sido un instrumento eficiente, oportuno  y válido para la defensa de los derechos fundamentales, y ha permitido a los jueces y tribunales  -en especial a la Corte Constitucional- resolver con fortuna situaciones graves de violación o amenaza de los mismos y sentar una jurisprudencia reconocida en todo el mundo como ejemplar.

Por tutela se ha protegido la vida, la integridad, la dignidad  y la salud de millones de personas; se han salvaguardado los derechos a la intimidad, a la honra, al trabajo, a la igualdad, al mínimo vital, a la defensa y  al debido proceso, al libre desarrollo de la personalidad;  se han hecho efectivas las libertades de expresión, de conciencia, de cultos, de reunión, de asociación, de locomoción,  de negociación colectiva; han sido reivindicados los derechos fundamentales de los niños, de las mujeres, de los ancianos, de los homosexuales, de los indígenas, de los estudiantes, de los discapacitados.

Mediante sentencias de tutela  se ha neutralizado el abuso al que estaban acostumbrados los burócratas contra el ciudadano inerme; se ha garantizado la oportuna respuesta de las autoridades a las peticiones; se ha logrado la revisión de fallos injustos. Una sentencia de tutela proferida en 1992 por la Corte Constitucional permitió acabar en el país con la ominosa práctica de los cobradores denominados “chepitos”; otra protegió a los deudores  de las instituciones financieras contra las arbitrariedades de sus funcionarios; otra obligó a que la Armada Nacional recibiera mujeres en sus filas,  y otra más acabó con la discriminación que muchos empresarios y no pocos colegios aplicaban a las mujeres embarazadas.

¿Será que, por una coyuntura, despojamos a los colombianos de este valioso instrumento?