La crisis venezolana

La crisis política se ha venido agravando en Venezuela a medida que pasan los días, y aunque, al parecer, algunos se inclinan al diálogo, no se ha podido llegar a un acuerdo entre la oposición encabezada por Capriles y el Consejo Nacional Electoral sobre la metodología y los elementos de la auditoría que se lleva a cabo respecto a las elecciones; ni tampoco entre la oposición y el Ejecutivo acerca del trascendental asunto de la gobernabilidad. Y, a pesar de que, desde el sector oficial  y desde la trinchera de sus contradictores, se rechaza de palabra la violencia, es precisamente la violencia, verbal y física, lo que ha predominado de parte y parte.

Una forma de violencia, ejercida por el Presidente de la Asamblea Nacional, consiste en haber prohibido el uso de la palabra a los diputados que no reconozcan la presidencia de Nicolás Maduro. Eso es inconcebible en un Parlamento, al que por definición y por sus orígenes, se va precisamente a “parlar”, a hablar, a exponer ideas, a discutir, a deliberar. Quitar esa garantía esencial al Parlamento y ese derecho a los parlamentarios es una barbaridad y un atropello.

Pero, además, según lo ocurrido durante la semana anterior, todos han cambiado el uso del verbo por la apelación a los golpes, la violencia física y los insultos.

Que resulten varios diputados heridos en el curso de una zambra resulta vergonzoso para cualquier corporación pública e implica lastimosamente un golpe de hecho contra la democracia.

Se profundiza la crisis política y en Venezuela brilla por su ausencia el Derecho. Lo aconsejable sería que lo tuvieran en cuenta los unos y los otros, como fórmula para solucionar aquélla.

Si algo caracteriza el Estado de Derecho es la sujeción de gobernantes y gobernados a unas reglas definidas en el orden jurídico, que otorguen seguridad acerca de la soluciones aplicables a situaciones concretas.

En una democracia, en lo que respecta al acceso al poder, desaparece la herencia como su fuente y es sustituida por las elecciones, mediante las cuales -en ejercicio del derecho al sufragio-  el pueblo decide quién lo habrá de gobernar.

La regla de oro en la materia, para tirios y troyanos, es el acatamiento a los resultados de la votación, inclusive si el margen de ventaja del ganador es escaso, aunque, obviamente, con la posibilidad, que siempre debe tener el perdedor, de impugnar judicialmente tales resultados.