Instituciones en crisis
Las encuestas que se han divulgado en los últimos días son apenas una muestra de la progresiva pérdida de prestigio de las instituciones. La imagen del Ejecutivo, del Congreso, de las altas corporaciones judiciales y de los jueces ha venido cayendo, al parecer sin posibilidad de recuperación a corto plazo.
Las causas: corrupción, ineficiencia y politiquería muy extendidas en todos los órdenes, aunque si, absteniéndonos de generalizar, adelantamos un estudio minucioso, se encuentra uno que otro funcionario responsable, serio y entregado a su tarea. Son los menos, pero no sería justo incluirlos en la bolsa del desprestigio.
Lo cierto es que en Colombia afrontamos una verdadera crisis institucional que se muestra ostensible y difícil de superar: las instituciones -no por culpa de ellas en sí mismas sino por los seres humanos que las encarnan- han dejado de ser creíbles. Muchos de los que se encuentran en los puestos de comando han dejado de ser faros y paradigmas, para convertirse en vergonzosos ejemplos de cómo no debe ser ejercido el poder público. Y no se salva ninguno de los órganos estatales.
Todo indica que se han resquebrajado de manera sensible los vínculos de identidad entre la ciudadanía y sus dirigentes, lo cual implica necesariamente una pérdida de legitimidad de las personas que ejercen el poder, sobre las cuales recaen las responsabilidades inherentes a sus delicados cargos.
Nos han defraudado. Esto desestimula y desorienta en grado sumo a la comunidad y afecta el interés general, que es el que deberían atender, y no atienden con ética y eficiencia, los servidores públicos de alto nivel.
Lo peor es que, al parecer, los titulares de los poderes públicos y los políticos no se dan cuenta, no se notifican; no se declararan receptores del mensaje, y -claro está- no se esfuerzan por corregir su conducta; por establecer en dónde están las fallas, ni por cumplir sus respectivas funciones con miras al bien común, dejando de lado el propio y particular interés.
Entonces, las cosas van de mal en peor, en todas las ramas y órganos del poder público. En fin, instituciones en crisis, gobernantes y funcionarios desprestigiados, y una ciudadanía inconforme. Malo para la democracia.
No son pocos los que, desde distintos sectores de la sociedad, quisieran una renovación total, mediante la revocatoria de todos los poderes, hoy infortunadamente no prevista en la Carta Política.