Nuestro pecado

 

Cuando escribo estas líneas, el Gobierno Santos ha dado el puntillazo al Fondo Nacional del Ganado, llevándolo irresponsablemente a una innecesaria liquidación, mientras los medios repiten sin mayor discernimiento las mentiras del Ministerio de Agricultura sobre malos manejos, que si los hubiera, sería el propio Ministerio el primer responsable en su condición de presidente del máximo órgano de dirección del Fondo.

 

El Gobierno culpa a Fedegán de su propio estropicio y su irresponsabilidad, buscando asestarle otro golpe artero a la Federación -que no mortal, como quisiera-, en una persecución contra un gremio de la producción, sin antecedentes en la vida institucional del país, un país que responde las encuestas en secreto, pero calla frente a los favores del presupuesto o el temor a la retaliación.

 

¿Cuál fue nuestro pecado? No callar. Nuestro pecado fue atrevernos a expresar públicamente nuestras diferencias. Debatimos con un ministro sobre los riesgos de los TLC para la producción lechera, y fuimos calificados de apocalípticos y oportunistas. Expresamos públicamente nuestro desacuerdo frente a la negociación del desarrollo rural y el futuro del campo con quienes lo destruyeron durante medio siglo, y entramos en la lista de enemigos de la paz. Expresamos nuestros temores sobre la garantía del derecho a la legítima propiedad de la tierra e hicimos válidas observaciones al programa de restitución, y fuimos también estigmatizados.

 

Soy heredero de una concepción de Estado y de Nación basada en la convicción, plasmada en el escudo patrio, de la libertad y el orden como fundamentos de la civilidad. Creo en la democracia liberal, no solo como una forma de Gobierno para instrumentar los fines del Estado, sino como un conjunto de valores y referentes éticos, en donde todas las formas de libertad para ejercer nuestros derechos son tan importantes en el Pacto Social, como las limitaciones que voluntariamente aceptamos como nuestros deberes.

 

Creo en el imperio de la Ley, en el respeto a las instituciones democráticas y a quienes las representan en condición de servidores públicos. Creo en la oración de Lincoln en Gettysburg: en un gobierno que no solo deriva sus poderes del pueblo, sino que los ejerce para el pueblo y por el pueblo. Por eso no creo en las instituciones como atalayas de poder omnímodo, sino como albergue generoso para el ciudadano. Por eso son inaceptables la arrogancia y el revanchismo en el servidor público, porque entonces deja de serlo.

 

Creo en la libertad de expresar esas convicciones de cuna, con respeto a la diferencia, pero con verticalidad en su defensa. Creo en la opción del disenso y en el derecho de la sociedad civil a expresarlo frente a la institucionalidad y el gobernante. Creo en el derecho de las personas y las organizaciones privadas a tener una posición política y a defenderla.

 

Creo en la colaboración constructiva con el Estado que nos representa y en el que delegamos la administración de nuestros derechos y deberes; un Estado al servicio de la sociedad y no en contra de ella; una vocación de servicio que, en el marco de la ley, no está condicionada a la aceptación ciega y al unanimismo. Por ello es inaceptable que la Ley y las instituciones, expresiones del poder que nosotros mismos hemos conferido, sean utilizadas como arma de retaliación frente al disenso, un derecho fundamental en la democracia liberal de mis creencias, un derecho atropellado por el Gobierno.

 

El país se irá enterando de sus tropelías y afanes por perseguirnos. Lo prometo. Y si ese credo es hoy nuestro pecado, pues seguiremos pecando. Fedegán vive.   

@jflafaurie