En Colombia solemos ufanarnos de tener un sistema democrático que funciona casi sin interrupción desde los inicios de la fundación de la República, lo cual es relativamente evidente, pese a que durante la etapa de la Patria Boba nos desgarramos en pleitos y conflictos armados entre federalistas y centralistas.

Con el Libertador se erige la Gran Colombia y se independiza gran parte de nuestra región. Se levanta un sistema con fundamento en el bipartidismo, dado que los seguidores de Bolívar en su mayoría tenían ideas conservadoras de orden en defensa de la integridad y supervivencia de Gran Colombia. En tanto, el vice Santander, no compartía en su distanciamiento con el Libertador, seguir dentro de la Gran Colombia, prefería mandar en la Nueva Granada, pues no tenía, como Páez, sensibilidad para entender la política de los grandes espacios geopolíticos planteados por su jefe aún antes de que aparecieran los estudios al respecto de los geopolíticos europeos. Y Santander, más por contradecir al Libertador que por principio, desde el Congreso de Cúcuta se mostraba partidario de darle mayores poderes al Legislativo, para así intentar amarrarlo en una telaraña de reglamentos e impedimentos. Por lo que Bolívar, se hizo dar poderes extraordinarios para poder libertar con tropas colombianas el Perú y Quito.  

Ese bipartidismo, con algunas interrupciones como durante la etapa radical, se mantiene hasta finales del siglo XX, puesto que a partir de 1991 los dos partidos tradicionales entran en crisis y se debilita el Ejecutivo, con la elección de popular de gobernadores y alcaldes, para instaurar un sistema político un tanto amorfo, que da lugar a la aparición de numerosos movimientos electorales, en especial en alianzas para elegir senadores nacionales, alcaldes y gobernadores. En algunos casos los costos para elegir esos servidores públicos se elevan a sumas cuantiosas, impagables para un político del común. Los doce mil millones girados a la campaña de la agraciada senadora Aida Merlano, en medio de un triángulo amoroso, no son la excepción. Y no se compara por los cachos, con Romeo y Julieta. En otros casos la compra venta y regateo de los votos impera de manera clandestina.  Se sabe que al tomar por asalto varias alcaldías y gobernaciones, se financian los movimientos y partidos, como algunas campañas presidenciales.   

Entre esos movimientos y partidos, el de mayor influjo y permanencia ha sido el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien, curiosamente da juego al conservatismo con Carlos Holguín y Fernando Londoño como ministros del interior. En tanto, Iván Duque entrega ese despacho a un político de origen liberal que milita en el Centro Democrático, pese a que los conservadores le dieron los votos decisivos para llegar al poder.

Al expresidente Uribe, hoy quieren culparlo de todo lo malo que ocurre en la Republica, siendo que ha sido un gobernante providencial, que se desvela por reducir a los violentos y consagrar la paz, compromiso por el cual le votaron en dos ocasiones, así como se eligió a Juan Manuel Santos, en su primer mandato. En la misma forma, desde la oposición férrea al segundo mandato, consigue llevar a la primera magistratura a Iván Duque. Son proezas descomunales difíciles de lograr en un sistema democrático, sin conseguir abatir a los violentos, que ni con la guerra implacable de Uribe, se rinden, ni con la paz de La Habana de Santos arrían sus banderas.

Otra herencia de la Carta del 91 es la del pernicioso gobierno de los jueces, en un sistema donde la Corte Suprema no cierra los pleitos, donde proliferan las cortes que prosiguen los pleitos en diversas instancias y tribunales, donde, finalmente, mediante tutelas buscan otros fallos. Es increíble, hasta el magnicidio de Álvaro Gómez, lo trasladan a la JEP… 

Además, la quiebra del bipartidismo, en medio del recrudecimiento de la violencia en gran parte del territorio nacional, ha resentido las bases mismas del sistema. Mas esos son peligros que la democracia puede superar. Siendo tan dolorosa la guerra civil larvada con miles y miles de muertos y heridos, atentados con bombas, ataques al ejecito y la policía, más el desafío en las ciudades de las turbas con la guerrilla urbana en acción, eso es superable, no así un chocorazo electoral. Lo que se convierte en el mayor atentado contra la democracia es el contrato celebrado por el registrador con INDRA, empresa española acusada de fraude en varios países. Escándalo que, denunciamos el domingo pasado en EL NUEVO SIGLO, en tanto el mismo día el expresidente Andrés Pastrana, en extenso reportaje a Semana, se explayaba sobre el asunto y los nexos con Gustavo Petro y Madrid, sin respuesta hasta ahora de parte del Registrador Alexander Vega.