Nuevamente reforma a la justicia

El reciente paro en la administración de justicia y otros hechos sucedidos, nuevamente nos ponen en la imperiosa necesidad de repensar el tema de la reforma constitucional a la justicia.

Desde hace varias décadas se vienen identificando una serie de temas que tocan con la administración de justicia, que deben ser objeto de reajustes en el diseño que planteó la Constitución de 1991. Recientemente,  la comisión de expertos presidida por el Dr. José Alejandro Bonivento Fernández, con el auspicio de la Corporación Excelencia a la Justicia resumió muchas de esas materias y elaboró propuestas concretas sobre lo que debía de hacerse.  Si no hubiera sido por la ambición particular de algunos, que quisieron aprovechar la oportunidad de la fallida reforma a la justicia durante su trámite en el Congreso de la República para privilegiar sus intereses personales, varias de esas sentidas necesidades ya serían reforma  constitucional.

El hecho de que la fallida reforma haya fracasado por el túrbido ánimo de unos  de quienes  en su momento estaban en posibilidad de concretarla, no indica que  las cosas buenas que la misma contenía y que eran necesarias para la buena marcha de la administración de justicia, deban echarse al olvido.

 Somos conscientes de que el fracaso de la reforma tuvo un alto costo político; nada mas y nada menos que haber tenido que sacrificar a un gran jurista que con lujo regentaba la cabeza del ministerio del ramo y que por todo ello quedaron indefinidamente aplazados en el tiempo la consideración de varios temas excelentes que traía la reforma y que ya es hora de volver a ventilar. Pero hay que superar el síndrome de fracaso que dejó como sensación la discusión anterior.

Podríamos comenzar por citar el gran debate sobre la participación que la justicia debe tener en el presupuesto nacional asignado por norma constitucional, como ocurre en varios países del concierto latinoamericano; algo se había avanzado consagrando unos mínimos constitucionales, que por lo menos nos ponían en la misma medida con otros países similares y no en una situación decreciente como sucedió en el gobierno anterior.   

El gobierno de la rama es otro aspecto que necesita revisión. Los problemas están detectados; la jurisdicción ordinaria, la contenciosa y la constitucional no deben ser convidados de piedra  a una comisión interinstitucional donde no inciden en las decisiones; deben ser mas actuantes en los problemas reales de sus respectivos sectores, en la formulación de estrategias, de planes, en la elaboración del presupuesto, en la supresión y creación de plazas, en la formulación de estrategias de descongestión, etc. La misma composición del Consejo Superior de la Judicatura debe revisarse y crear unas incompatibilidades claras en aras de evitar carruseles de nombramientos que no son bien vistos por la opinión pública y que desacreditan la imagen que debe proyectar la administración de justicia frente a los ciudadanos.

El acceso debe ser fin primordial de cualquier reforma a la justicia.   Todos los colombianos deben poder acceder a la justicia por pequeña que sea su causa. Es una revolución cultural la que se precisa para que  reemplacen la justicia por la propia mano,  para que realmente la administración de justicia sea un instrumento para alcanzar la paz, valiéndose de unos mecanismos alternativos idóneos y funcionales. Unas leves puntadas a la norma constitucional actual harían más efectivo este acceso y fomentarían los mecanismos alternativos.

El país debe crecer en competitividad, para ello hay que eliminar los altos costos de transacción, hay que buscar una justicia ágil, segura, rápida y confiable. Al paso que vamos, con paros, y conflictos de intereses, pareciera que andamos de para atrás. Hay que recuperar el deseo de buscar las reformas que en realidad se necesitan, que tan poco son muchas; es necesario superar la fracasada reforma, retomar lo bueno que traía, blindarla para que no puedan apropiársela intereses con bajos propósitos, y sacar adelante los cambios que se precisan. La justicia siempre debe estar en el centro de las políticas públicas, es la manera de que  se implante entre los colombianos.