Sobre la independencia judicial

Una de las grandes conquistas democráticas tiene que ver con la separación de poderes entre las ramas del poder público,  las cuales cumplen diferentes tareas dentro del Estado, colaboran en la prosecución de sus fines y además se controlan recíprocamente.  Presupuesto esencial para mantener este equilibrio es precisamente de la independencia entre unas y otras.

Pereciera un tema superado a estas alturas de la historia de la humanidad, luego de haber trasegado por el estado social de derecho y los nuevos embates del constitucionalismo; sin embargo, el tema de la independencia judicial se encuentra en el filo de la navaja y se ve alterado frecuentemente por nuevas posturas que tienden a socavarla en tiempos contemporáneos. Son muchos los  aspectos que habría que analizar para observar  si se cumple o no el  presupuesto democrático de la independencia judicial. Uno de ellos sin duda, el que en este momento ocupa la atención nacional, tiene que ver con las asignaciones salariales de los jueces y de los empleados judiciales.   

No puede hablarse en un país de una verdadera independencia de sus jueces, cuando éstos devengan salarios que no son suficientes, para atender  a los requerimientos esenciales que demanda la atención de sus familias en  forma digna y adecuada al estatus que éste debe tener en la sociedad en la cual actúa.

Por esta razón, a partir de la reforma constitucional de 1991, el Estado se puso en la tarea de dignificar las asignaciones de los jueces  que, en esa época, no se compadecían con la función que ejercían; devengaban salarios de miseria. Se comenzó hace ya casi veinte años por los magistrados de altas cortes y de allí en adelante se ha venido extendiendo la nivelación salarial a los magistrados de Tribunal Superior; y debe seguirse con los jueces y empleados. Se trata de una nivelación anunciada y comprometida, que empezó hace varios años y es imposible detener. Sabemos  la repercusión que tiene, tanto para los funcionarios de la Fiscalía como para los de la Procuraduría y su alta incidencia en el tema pensional. Seguramente también incidirá en las otras ramas del poder público.   Ya es muy tarde para dar marcha atrás y además la nivelación es de elemental justicia y obedece a compromisos ya adquiridos por el Estado.

Somos conscientes de  las dificultades presupuestales en el momento actual de la Nación, pero hay que hacer esfuerzos para honrar los compromisos adquiridos con el sector judicial.

A la rama judicial hay que invitarla a levantar el paro y retornar a las actividades judiciales, la gran perjudicada es la sociedad  y la percepción que esta tiene sobre la administración de justicia y el Gobierno ha dado muestras claras de querer atender los reclamos. Estamos seguros de que habrá entendimiento sobre un período de tiempo razonable para implementar las nivelaciones salariales