Un balance necesario
Veinticinco años está cumpliendo la Constitución de 1991 y por supuesto, que su onomástico amerita un balance necesario sobre lo que ésta ha significado para la vida de los colombianos. Si era o no necesario haber cambiado la Constitución de 1986, con todas sus enmiendas, es algo que ya no tiene sentido discutir. Muchas democracias desarrolladas mantienen sus constituciones centenarias y ni por asomo han pensado en modificarlas, tal como ocurre con los Estados Unidos de América, que conservan su Carta de Filadelfia de 1779 y ello no ha impedido su desarrollo y se ha logrado el bienestar de sus gentes. Reconocemos que somos de aquellos países, que como otros del contexto latinoamericano, piensan que cambiando las normas, mejoramos la situación de nuestras gentes. Basta enlistar las variopintas reformas que me hemos introducido a la cumpleañera Constitución, las que están en curso y las que vienen.
Por supuesto, que la Constitución del 91 trajo importantes cambios, el más importante, colocar al ser humano en el centro de los fines del Estado. Pasamos de una concepción hobbiana del Estado a una Constitución que pone a la persona en el centro de sus preferencias; cargada de principios tendientes a buscar el mejor desarrollo de la sociedad, garantizar la libertad, la igualdad, la no discriminación y proteger su diversidad. Decir que la anterior Constitución no lo hacía sería una exageración; por supuesto, que también se lograban los mismos principios, pero digamos que quedaron contemporizados, de acuerdo con las circunstancias del momento. La defensa de los derechos fundamentales, la acción de tutela, las acciones populares, sin duda son mecanismos que han remozado la protección de los derechos y des anquilosado la justicia tradicional, con una visión más ágil, más accesible y más dinámica.
Hay que reconocer también que un mecanismo como las acciones de amparo de los derechos fundamentales, que deben ser excepcionales, se han generalizado y se han prestado para abusos. La tutela contra sentencias judiciales ha congestionado el sistema inútil y repetidamente y ha eternizado el punto final de los litigios. La revisión por parte de la Corte Constitucional debe reformarse; ha distorsionado el sistema judicial, ha enfrentado a las Cortes y su discrecionalidad ha corrompido el mecanismo.
La cuenta del Estado se creció. El tamaño se sobredimensionó. Creamos Fiscalía, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Constitucional, Defensoría del Pueblo, Auditoría de la Contraloría. La Rama Judicial se dividió en cuatro Cortes y estamos a punto de un Tribunal de Aforados adicional y una nueva Jurisdicción para la Paz, totalmente autónoma; ya no es un rama, es un bosque y de allí muchos de sus problemas. El gobierno de la Rama Judicial; un reclamo sentido para garantizar su independencia y autonomía no ha salido de una constante crítica desde el comienzo. Se pensó en que se iban a despolitizar los sistemas de control disciplinario y fiscal; se varió la forma de elegir sus cabezas y el resultado fue que se politizó la justicia..
Por supuesto, que hoy tenemos un país más humano y unos estándares de tolerancia social mucho más amplios; pero también tenemos un Estado más ineficiente y más costoso. Bienvenido el balance, son muchos temas los que hay que examinar y más si se aproxima el fin del conflicto; ya se escuchan cantos de reforma y hasta de otra constituyente. Pareciera que la del 91 va a durar menos que las del 86.