Estado vs. Farc
LA Corte Constitucional le ha dado trámite a una demanda propuesta por el exfiscal Montealegre, el pasado 28 de marzo de 2016, “contra la palabra “acuerdo” que está contenida en el documento que firmaron el Gobierno y las Farc el 26 de agosto de 2012 en La Habana, para la terminación del conflicto y con el cual se dio inicio a la negociación”. Se le solicita a la Corte declarar que los “acuerdos” suscritos no son meros actos políticos, sino que equivalen a un tratado internacional, con la misma fuerza vinculante y por lo tanto, tienen alcance constitucional.
Se argumenta que la expresión “acuerdo” se refiere a una figura contenida en el derecho internacional humanitario, con connotación propia, como “acuerdos especiales”, que se imponen a las partes en un conflicto armado no internacional.
Amén de lo exótico que implica una petición a la Corte Constitucional en tal sentido, discutible dentro de la órbita de sus competencias, más sorprendente resultó que la Corte abrió paso a la intervención, además, del presidente Santos, tres de sus Ministros, a los expresidentes de la República, a los partidos y a la academia, pero también convoca a “los delegados de las Farc-EP en la mesa de conversaciones…”, a lo cual se manifestaron particularmente dispuestos.
Estamos seguros que luego de firmada la paz e incorporados los miembros de la guerrilla a la vida ciudadana, se les debe dar el mismo tratamiento que a todos los ciudadanos y podrán comparecer en los procesos judiciales a defender sus derechos y a responder por sus obligaciones. Pero mientras esto ocurre, ni es legal ni es oportuno que se les convoque a discutir una situación a la par que el mismo Estado y las demás instituciones nacionales, encontrándose muchos de ellos condenados y con sus derechos políticos suspendidos. Ello no significa que no estemos de acuerdo con el proceso, sino que cada cosa tiene su momento y la paz todavía no se ha firmado. Ese es precisamente el costo que significa estar subvertido frente al orden constitucional y legal vigente.
Ahora, en cuanto a lo que la demanda pretende, veo presuroso al ex fiscal con su reclamo, pues el acuerdo no se ha dado, lo que se dio en su momento fue un punto de partida y no de llegada; amanecerá y veremos cuando llegue el momento de firmar la paz. No podemos caer en la ingenuidad, de que con considerar vinculantes los acuerdos con fuerza de tratado internacional, las Farc los van a respetar y que los próximos gobiernos no. La experiencia enseña quién es el que subvierte en Colombia. Lo que a mí me preocupa como ciudadano, no es que el Gobierno cumpla los acuerdos, sino que los cumpla la guerrilla. Pero ahora resulta, que al que hay que atar es al Estado colombiano, bajo el pretexto, de que los futuros presidentes, puedan echar por la borda los acuerdos de paz.