El Gobierno acaba de conceder indulto a treinta guerrilleros de las Farc que se encontraban privados de la libertad a consecuencia de procesos por delitos de rebelión y los conexos a este tipo de delitos.  Se trata de una señal inequívoca de la voluntad de avanzar en el proceso de paz que adelanta el Gobierno y  de la necesidad de destrabar el punto ciego en que se sumergió con el tema de justicia transicional.

La Constitución Nacional permite al Congreso conceder  la amnistía y el indulto, cuando se trata de delitos políticos,  por la mayoría de los dos tercios de sus miembros, como lo es, por ejemplo el  de rebelión.  La Ley 418  hace parte del entramado jurídico que durante años se ha venido preparando y permite al Presidente de la República en el trámite de un proceso de paz, conceder indultos en los términos señalados por la Constitución.  Por supuesto, hay delitos conexos a  los delitos políticos, como el porte ilegal de armas, uniformes o municiones privativos de las fuerzas armadas, que quedarían cobijados por el indulto que se conceda.    

El Gobierno ha manifestado claramente que los delitos conexos se concretan en los mencionados y no se cobijaran delitos atroces, ni de lesa humanidad.  La polémica se concretará seguramente en el narcotráfico; que como lo hemos señalado anteriormente,  es un delito principal y no conexo de ningún otro.   No puede decirse que el tráfico de estupefacientes que en Colombia ha causado muerte y desolación,  ha sido simplemente la forma o manera de financiar la rebelión; ello despojaría de todo contenido el delito político como tal. El narcotráfico tiene un fin en sí mismo y ha sido devastador para la sociedad colombiana y no debe por ningún motivo tratarse como algo accesorio. Ello equivaldría a torcer la realidad. El secuestro, la extorsión, el reclutamiento de menores, el ataque a la población civil, entre otros, son delitos de lesa humanidad que no pueden quedar cobijados como conexos de los delitos políticos.

Los indultos tenían que venir.  Se trata de un paso normal en el trámite de un proceso de paz, que pretende crear un clima de confianza y reciprocidad para poder avanzar en la construcción del consenso hacia la firma de un acuerdo final.  Igualmente la guerrilla debe, en forma inmediata, liberar a todos los secuestrados que mantiene en su poder. No se entendería un indulto por parte del Estado colombiano sin una franca y real reciprocidad por parte de la guerrilla.  Por ello los colombianos debemos respaldar este significativo paso que nos acerca al punto final y  definitivo.