“Tremenda tarea tienen juristas del Gobierno”

PREOCUPANTE REPORTAJE

Los abogados del conflicto

TODO  parece indicar que el tema de justicia transicional ya pasó a estudio de los abogados. Juristas aquilatados por parte del Gobierno y avezados por parte de las Farc. Cuando algo así sucede podría pensarse que lo esencial ya está acordado y que la presencia de juristas es para redactar, pulir, implementar lo fundamental que se ha acordado en la mesa. Esa sí que sería una excelente noticia, indicativa nada más y nada menos, del destrabe de  las conversaciones en uno de los puntos más álgidos, y por el cual hemos estado pesimistas.

Sin embargo, con bastante preocupación quedamos luego de leer el reportaje al abogado de las Farc  publicado en la revista Semana. Cuando se le pregunta si están de acuerdo en que las Farc podían ir a los tribunales, contesta: “Si este proceso de paz se plantea como el escenario para juzgar a una de las partes, por supuesto que lo van a rechazar. Esa no es una alternativa porque esto no es una derrota ni una rendición…”. Más contundente no puede ser, no aceptan ni siquiera por asomo, ser procesados, mucho menos condenados. Más adelante se le pregunta si va a haber alguna dosis de impunidad, a lo cual contesta: “En Colombia hay impunidad, pero no son las Farc las que han disfrutado de ella.  Este es un gran equívoco. Según el informe preliminar de la Corte Penal Internacional, el Estado colombiano ha perseguido a las guerrillas. Son miles de guerrilleros condenados, miles de encarcelados, miles de abatidos”. Luego cuando se le pregunta dónde está la impunidad, dice que “…Los grandes nichos de impunidad están en los instigadores del paramilitarismo, por un lado, y los grupos políticos que están detrás de las actuaciones del Estado, por el otro.” Cuando el entrevistador le solicita una explicación, contesta el abogado: “¿Dónde acaba la cadena de mando del Estado en una dictadura? A lo mejor en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Pero en una democracia acaba en el palacio presidencial y en el consejo de ministros, y eso está plenamente establecido por la jurisprudencia internacional”.

Continua el entrevistador preguntando por el tipo de penas para los máximos responsables, la respuesta fue: “Penas alternativas para quienes estén dispuestos a dar verdad, no dar repetición y a reparar.” Y  se le reposta que  para la Fiscal de la Corte Penal Internacional algo de privación de la libertad debe haber, a lo que contesta: “Si el Estado cumple su obligación de justicia, no hay ninguna norma en el derecho penal internacional que diga que deba haber privación de la libertad. Creer que la única sanción que equilibra el daño causado es la cárcel, es un concepto medieval”.

Y este apenas es el preámbulo de la entrevista que termina en  respuestas mucho más complejas, que indican la diferencia esencial  entre la posición de la guerrilla y la de la mayoría de la sociedad colombiana.  No admiten ser juzgados, son las víctimas del Estado colombiano, a quienes hay que juzgar es a los políticos y a quienes han estado en la Casa de Nariño. Tremenda tarea tienen los abogados  del Gobierno para poder acercarse a conciliar semejante diferencia de posiciones.    Les auguramos muchos éxitos.