El costo de la paz
Por supuesto que los instrumentos de justicia transicional, es decir, aquellos que tienen como finalidad la de propiciar la terminación del conflicto armado interno colombiano, y facilitar una paz estable y duradera con garantías de no repetición y seguridad para los habitantes, deben cobijar a los diferentes actores armados al margen de la ley y los agentes del Estado; tal como lo advierte el Acto Legislativo 01 del 31 de julio de 2012 conocido como Marco Jurídico para la Paz y que hoy hace parte de nuestra Constitución Política. En esto no hay nada nuevo bajo el sol. Lo novedoso es lo que proponga ahora, la voz autorizada de un expresidente de la República y que se plantee, que además se incluyan a todos los no combatientes, como los financiadores, así sean civiles, empresarios, ganaderos y por qué no decirlo, que financiaron los paramilitares o que llegaron a acuerdos con ellos, que han sido también parte del conflicto y para quienes se hizo una Ley especial de justicia y paz que imponía penas de reclusión limitadas y exigía también, verdad, justicia y reparación.
También se propone un mecanismo de participación ciudadana que refrende la propuesta y que blinde a los diferentes actores, por supuesto a nuestras Fuerzas Armadas de eventuales procesos criminales, cuando lo que han hecho no ha sido cosa distinta que defender “las instituciones constitucionales con el uso legítimo de la fuerza que ella les otorga, así se hayan presentado algunos condenables abusos o violaciones de los derechos humanos”. Aunque las Fuerzas Armadas como actores del conflicto están blindadas por la Constitucion y no han cometido delito alguno.
El consenso ha sido generalizado e inmediato para apoyar la voz expresidencial; si queremos la paz, sabemos que ello tiene un costo y es la justicia transicional, aplicada a todos los actores del conflicto, combatientes y no combatientes, la que tiene la llave para conseguirla. Podrá incluso pensarse en instrumentos que contengan penas alternativas a la de prisión y que solo se castigue a los máximos responsables. Sin duda, como el mismo marco jurídico lo indica, hay que garantizar al máximo posible los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y reparación.
Hay temas que no van a ser fáciles. Los delitos de lesa humanidad y genocidio que, además de no poder considerarse como conexos del delito político e impedir a los condenados por ellos la participación en política, adquieren según parámetros internacionales el carácter de imprescriptibles y limitan para ellos la aplicación de penas alternativas como instrumentos de justicia transicional. Por supuesto, que los organismos internacionales no pueden obstaculizar el proceso de paz en Colombia, pero tampoco se van a hacer los de la vista gorda.
El debate queda abierto, es el momento de decisiones más políticas que jurídicas. Hay precedentes en el mundo en muchos sentidos, algunos con buen éxito y otros, como lo señala el mismo expresidente, que han regresado a abrir expedientes precisamente por no haber respetado parámetros internacionales que señalan inamovibles. Estamos seguros de que Colombia sabrá encontrar el curso de su historia.