La política de extradición

“Hay que revisarla para evitar injusticias”

La  extradición es un importante mecanismo de cooperación entre países para la investigación de los delitos y la sanción a los delincuentes.  Por supuesto que estamos de acuerdo con la institución,  la que debe aplicarse tratándose  tanto de requeridos nacionales como de extranjeros.  Es además lo que hoy contempla la Carta Política.  Quedaron superadas las  antiguas razones de soberanía que se argumentaban para impedir la extradición de los  nacionales.

Colombia ha tenido una política de extradición activa en aras de participar en ese esfuerzo común entre los diferentes países del hemisferio;   ha colaborado  abierta y repetidamente  con gobiernos extranjeros, enviando delincuentes nacionales y extranjeros que son reclamados por la justicia y ello ha  redundado en el debilitamiento de grandes grupos criminales.

En este proceso de extradición intervienen varios organismos del Estado, como Cancillería,  Fiscalía, Corte Suprema de Justicia y Gobierno Nacional; cada cual con una función y competencia muy propia.   En el trámite de una extradición debe atenderse a precautelar principios y garantías fundamentales,  como que el delito  lo sea en ambos países, tanto en el que solicita como en el que otorga;  que no se le aplique una pena mayor de la que recibiría en nuestro país,  que no  sea requerido por autoridad judicial competente para una investigación nacional, por el mismo u otro delito,  pues hay que darle prevalencia  nuestro sistema judicial;   que exista tratado de extradición firmado o por lo menos, que se aplique el principio de reciprocidad en caso de no haberlo.

Lo que no puede suceder es que por un manifiesto error, además notorio, se extradite a un inocente que nada tiene que ver con el delito investigado en el exterior, como estuvo a punto de suceder con el conocido caso del “carpintero”.    Esa persona que estuvo varios meses  privada de la libertad, esperando una extradición, que no lo correspondía.  Se llegó al punto de que su extradición estaba ordenada por el gobierno.  Este tipo de errores no pueden suceder.  

De allí la conveniencia de firmar tratados de extradición con los diferentes países estableciendo condiciones muy claras sobre la identidad de las personas;   instaurando mecanismos de repatriación en caso  de duda  o de ser requeridos los extraditados para colaborar en investigaciones locales, como lo tiene establecido España en sus tratados.

Bienvenida la extradición,  pero entendida como un mecanismo de cooperación, no de sometimiento de nuestra soberanía.   Que sirva para combatir enérgicamente la delincuencia organizada y transnacional,   sin que se excepcione  el funcionamiento de nuestro sistema judicial;  pero sobre todo sin que se convierta, por ligerezas,  en una forma de exportar nacionales inocentes.   Hay  que andar con prudencia; es necesario revisar la política de extradición, a fin de evitar injusticias.