JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR | El Nuevo Siglo
Jueves, 11 de Septiembre de 2014

NO VOLVER AL PASADO

Equilibrio de poderes

Bajo  el pretexto de reequilibrar los poderes públicos se presenta por el Gobierno Nacional una reforma a la Constitución del 91 en aspectos políticos y judiciales que merecen todo el análisis y la reflexion de los colombianos. Lo primero que llama la atención es que combinan algunos temas de la reforma a la justicia con los de la política. Pareciera que la reforma a la justicia que planteó el anterior ministro queda por tanto superada.

Lo que en realidad ha causado más desequilibrio en los poderes públicos fue definitivamente la reelección presidencial, desbarajustó toda ponderación entre los altos cargos del Estado y dio patente de corso al desafuero presupuestal que ahora estamos padeciendo. Definitivamente elegirse es costoso para el candidato y su partido, pero reeelegirse es costoso para el Estado y los ciudadanos. Lo más importante que trae  el proyecto  es suprimir la reeleccción presidencial; casi que con ese punto es suficiente para reequilibrar el juego de poderes en el Estado colombiano. La reelección se nos vendió argumentando con una falacia, que había mucho por hacer y por ello se justifica reelegir al gobernante. Siempre habrá mucho por hacer en un país, con ese argumento se justificaría la monarquía. Democracia es alternatividad y renovación, no está bien que alguien se quede mucho tiempo en el poder, desquicia al Estado.

Totalmente equivocado es el Tribunal para Aforados; este país no resiste una Corte más. Venimos de dos, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado; la Constitución del 91 creó dos más, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, y ahora se quiere crear otra para aforados, dependiendo del Congreso de la República. La atomización del poder judicial conviene a la política, pero perjudica a la justicia. Entremeter el legislativo en la integración de las Cortes es politizar la justicia. La excusa es que no sirve la Comisión de Acusación, porque no ha encarcelado a ningún aforado. Pero es de esperarse que los altos funcionarios no delincan. El tema nada tiene que ver con el equilibrio de poderes, al contrario, lo debilita, lo que hay que hacer es fortalecer la Comisión Investigadora del Congreso. Además, su actuación es para cumplir un paso de procedibilidad para el juzgamiento ante la Corte Suprema de Justicia, se limita a declarar la indignidad.

Se plantea volver a la cooptación para elegir magistrados; sería bueno en otras circunstancias y aplicando estrictamente un concurso de méritos. Es conveniente  la restructuración del Consejo Superior de Judicatura.

En cuanto a la elección de altos funcionarios como Procurador, Contralor y Fiscal; lo que se quiere es quitarles a las Cortes las funciones electorales que les dio la Constitución del 91, pero vamos a volver a lo que había antes.   Recordemos que lo que se quiso hacer fue quitarles el tinte político a los organismos de control, pero el remedio desbarajustó a las Cortes, pues algunos de sus integrantes  se tentaron por la burocracia y hoy tienen cuotas en esos órganos de control; se creó una rosquilla de favores que se nota hasta en las postulaciones. Pero la solución no puede ser  volver al pasado como propone el proyecto. Hace falta imaginación.