La hora de la justicia

Todo parece indicar  que al fin le llega la hora a una Reforma Constitucional a la Justicia. Se trata de darle respuesta a un clamor nacional, sobre el cual coincidieron todos los aspirantes a la Presidencia de la República. El Ministro de Justicia ya anunció como un hecho la presentación de la pretendida reforma.

Los principales temas ya están decantados desde hace buen rato. Ya sabemos prácticamente qué quiere la academia, a qué se oponen las altas cortes y qué no le gusta al Congreso. Debe dejarse atrás el consabido dicho de que hay que buscar consensos, de que no puede hacerse la reforma a espaldas del uno o del otro. Ya se sabe qué es lo que interesa al país, al Estado Constitucional de Derecho y es imposible darle gusto a todo el mundo y menos a intereses particulares que siempre están en juego en este tipo de reformas al poder.  Tenemos además la experiencia de la pasada reforma que se truncó precisamente por la voracidad de apetitos individuales, que quisieron sacar provecho en beneficio propio. No se trata de imposiciones, pero no se puede ser incauto, buscando concertar con quienes se afectan con la reforma.

Para comenzar el debate podríamos empezar con la participación que la justicia debe tener en el presupuesto nacional asignándolo por norma constitucional, como ocurre en varios países del concierto latinoamericano; la justicia debe ser un propósito nacional y se requiere de la voluntad general para conseguirlo.   

El gobierno de la rama es otro aspecto que necesita revisión. El Consejo Superior de la Judicatura debe ser reinventado y la función disciplinaria reasignada. Las funciones electorales de las altas cortes deben suprimirse; lejos de librar la política de sus males, aquellas contaminaron la administración de justicia, creando un peligroso clientelismo judicial. Las funciones del Procurador hay que adecuarlas a los compromisos internacionales y debe suprimirse la reelección de este funcionario.

El régimen de inhabilidades debe ser más estricto en las funciones electorales que deben permanecer  en la rama, impidiendo que  se utilice el poder para tráfico de influencias y crear unas incompatibilidades claras en aras de evitar carruseles de nombramientos que no son bien vistos por la opinión pública y que desacreditan la imagen que debe proyectar la administración de justicia frente a los ciudadanos. El acceso debe ser fin primordial de cualquier reforma a la justicia.  Todos los colombianos deben poder acceder a la justicia por pequeña que sea su causa.   Es una revolución cultural la que se precisa para que  remplacen la justicia por la propia mano,  para que realmente la administracion de justicia sea un instrumento para alcanzar la paz, valiéndose de unos mecanismos alternativos idóneos y funcionales. Unos simples retoques a la norma constitucional actual harían más efectivo este acceso y fomentarían los mecanismos alternativos.

El país debe crecer en competitividad, para ello hay que eliminar los altos costos de transacción, hay que buscar una justicia ágil, segura, rápida y confiable. La justicia siempre debe estar en el centro de las políticas públicas,  es la manera de que  se implante entre los colombianos.