“Dineros ilícitos y chuzadas dos”
La semana que pasó se caracterizó por la exposición de los “trapitos al sol” de algunas campañas políticas. Lo primero en aparecer fue lo relacionado con la decisión que tomó el candidato del Centro Democrático cuando fungía como Ministro de Hacienda, de remplazar al Superintendente Bancario, al parecer para atender un lobby que pretendía favorecer al grupo de Interbolsa; reaccionó la campaña afectada y apareció el presunto cobro de 12 millones de dólares a la mafia y la gran delincuencia, para incluirlos en un programa de acercamiento con el Gobierno nacional, lo que ocasionó el retiro del consejero y asesor de la campaña; viene luego el hacker vinculado a la campaña del Centro Democrático, acusado de infiltrar e interceptar comunicaciones de hasta el Presidente de la República, lo que costó el retiro del “Director Espiritual” de esta campaña, para luego salir con la acusación de que a la campaña del Presidente de hace cuatro años, ingresaron varios millones de dólares por conducto del mismo Rendón. Deprimente espectáculo para nuestra democracia. ¿Se imaginan lo que están pensando los jóvenes que apenas empiezan a votar en estas elecciones y los extranjeros que observan nuestro proceso electoral?
Lamentable la guerra sucia, pero más aún lo que se ha comenzado a destapar. La filtración de dineros mal habidos en la campaña sería un hecho reincidente, ya ocurrido en otras campañas presidenciales y parlamentarias, ¡caso juzgado!, por supuesto, que no obstante su denuncia pública en mal momento, con propósitos electorales, no por ello debe despreciarse y minimizarse; debe investigarse con todo el rigor que un asunto así amerita. Quienes saben del hecho están en la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes, de allegar las pruebas que tengan sobre el mismo, sin pretender direccionar el conocimiento del asunto a quien no le corresponde, para buscar la propia conveniencia. Eso de la competencia no es un menú a la carta para disponerlo al antojo del denunciante.
Las interceptaciones tampoco son nada nuevo; ya probamos de ese bálsamo en el pasado, servido desde algunas agencias del mismo Estado. En su oportunidad manifestamos que era más grave que el Watergate norteamericano, donde tuvo que renunciar el Presidente de los Estados Unidos, porque interceptaron ilegalmente la Convención del Partido Demócrata. ¿Nos preguntábamos en su momento, qué tal que hubieran interceptado a la Corte Suprema como sucedió en Colombia? Este tipo de conductas son de una gravedad manifiesta, atentan contra el mismo Estado y sus instituciones democráticas, y para las víctimas y sus familias constituye, según la Comisión respectiva de las Naciones Unidas, una forma de tortura.
Así que no obstante el mal momento, la verdad es que los hechos que han aflorado son de una gravedad tal, que no debe escatimarse en su investigación, para llegar al fondo de lo que hay tras de ellos y poder sancionar a los responsables.