Collar de perlas

Varios asuntos  merecen nuestra reflexión  en esta oportunidad,   por antidemocráticos,  absurdos y carentes de sindéresis.

Habría que empezar por la Ley Habilitante de la Asamblea Nacional de Venezuela que  le da plenos poderes a nuestro vecino Maduro, para actuar como legislador durante un año. Y todo empezó con la reelección de Chávez, para lo cual reformó la Constitución, prevalido de que el tiempo del período presidencial era insuficiente para su tarea de gobierno.  Por supuesto que el período presidencial es insuficiente, pues la presencia  del Estado es inmanente; con ese cuento habría  que volver a  las monarquías. El éxito del gobernante es que en el período que le corresponda realice un programa que transforme la sociedad, no que se quede indefinidamente en el poder y que garantice la alternatividad en su ejercicio. Pero el gran colmo es el actual, creer que con fortalecer su poder, sumándole a las competencias del ejecutivo las del legislativo, va a solucionar el problema de la inflación galopante, el desabastecimiento de productos y la falta de confianza para la inversión en su país. Eso no se resuelve por decreto. Lo que están acabando es con la democracia.

Pero si por allí llueve, por acá no escampa. Qué tal la idea desinstitucionalizante, de que el diferendo entre el Fiscal y la Contralora lo definan cinco rectores universitarios. Tremendo despropósito. Si se están acusando de la comisión de delitos es la autoridad judicial, de acuerdo con la Constitución, la que debe resolver si hay o no delito, si ha habido faltas o no. Es que el problema entre ellos no es una riña colegial; se trata de recíprocas acusaciones de haber cometido hechos punibles y no hay otro camino que la decisión judicial por el órgano competente, según nuestro sistema jurídico.   Pero más grave que la propuesta disparatada es que los afectados la acepten. La acción penal no es transigible.

Y qué tal la última, la jueza que entutela a los secretarios distritales, amparando los derechos fundamentales de las 150 familias damnificadas en  Bogotá por la destrucción de sus propiedades. De éstas, ochenta y cinco tenían  casa y  el resto el mero lote. La orden de tutela al derecho fundamental de tener una vivienda digna, ordena que les den casa a todos, incluso a los que solo tenían lote. A estos últimos, por  arte de birlibirloque, se les aumentó su lote con una vivienda digna que ahora les tiene que entregar el Distrito, por cuenta de los tributarios ciudadanos. El juez constitucional ordenando gasto sin fundamento e interviniendo en el presupuesto distrital  so pena de arresto.

Creo que estamos perdiendo el norte, más mesura con el razonamiento, más respeto a la Constitución, a las instituciones y a la democracia.