La Reforma a la Justicia
Señaló la semana pasada el Presidente de los colombianos que, ante los recientes escándalos, era necesario volver a pensar en la Reforma a la Justicia. Parcialmente de acuerdo, que hay que volver a la reforma no lo dudamos, pero no es por los escándalos solamente, es porque quedó mal diseñada en la Constitución del 91 y lo que viene pasando es el resultado de la demora en abordarla.
La justicia en Colombia requiere de una trasformación profunda y generalizada, la cual no puede ser llevada a cabo únicamente a través de normas jurídicas, sino que para ello es necesario invitar a toda la comunidad a participar de manera activa y comprometida, en su calidad de usuaria y veedora de la misma.
¿Por qué es menester darle al tema de la justicia, prioridad en la agenda nacional? Porque no se pueden concebir la paz ni la seguridad ciudadana, el progreso del pueblo, su bienestar y su inclusión en un mundo globalizado, sino mediante una justicia sólida, autónoma e independiente, plural, solidaria, organizada, moderna, cumplida, sintonizada con las necesidades de los justiciables y con las exigencias de la sociedad contemporánea.
Lo que hay que reformar ya está decantado. Expertos de uno y otro tiempo tienen detectada la problemática y lo que debe reformarse. Falta es voluntad de convertirla en reforma y blindarla de los aprovechados de turno, a fin de que no se repita lo del pasado intento. El cambio estructural que necesita la justicia en el país no se reduce a agilizar procesos, sin dejar de lado su importancia. Los cimientos de la propuesta radican en la necesidad de dar respuesta efectiva a toda la problemática que aqueja a la justicia, mediante una reforma constitucional de la Rama Judicial, acompañada de recomendaciones puntuales, que faciliten la adopción de medidas urgentes y ordinarias que solucionen en breve tiempo y generen las condiciones idóneas para el adecuado desarrollo de la rama. La competitividad del país está estrechamente ligada a la eficiencia de la justicia.
Convertir la justicia en prioridad del Estado, de un lado reconoce la necesidad de consolidar la seguridad jurídica, de solucionar los grandes problemas nacionales, como son la corrupción, la criminalidad organizada, el narcotráfico, el paramilitarismo, etc.; y, de otro, siendo prioridad será una directriz que persuada a todos los sectores del país al apoyo y mejoramiento de la justicia, incluyendo a los sectores empresariales nacionales e internacionales que requieren, además de seguridad jurídica para sus inversiones y negocios, una pronta y debida justicia. El sector debe mantenerse en permanente revisión, para que los colombianos puedan encontrar las bondades de una sociedad en la cual impere la justicia. Pero precisamos de una reforma que apunte a mejorar el gobierno, a buscar un mejor acceso para los habitantes, a librarla de politiquería, de congestiones y a hacerla más eficiente, independiente y autónoma. No hay por qué esperar futuros gobiernos, el tema hay que abordarlo desde ahora.