Se armó el rompecabezas

Ya  nos preguntábamos, con ocasión del fallo de  la Corte Internacional de La Haya sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cómo era que Nicaragua habría logrado hacer un lobby tan efectivo, para obtener una sentencia a su favor, en contravía con caros principios jurídicos y del derecho internacional; cómo era posible que hubiesen  sido más eficaces en su actuación de representación jurídica de los intereses de un país que tradicionalmente se consideraba del Pacífico, para pasar a ser de los más importantes en el Mar Caribe.   

Con la reciente noticia en el sentido de que van a construir una canal interoceánico por territorio nicaragüense y que la empresa interesada, de propiedad en parte mayoritaria del señor Wang Jing, quien al parecer mantiene relaciones de negocios con Laureano Ortega, hijo del Presidente nicaragüense; y que es de propiedad en un 40 por ciento del Gobierno chino, empresa que tendrá a su cargo la financiación y construcción de la obra, a cambio de concederle la explotación por cien años, afloró el interés del país asiático en la región del Caribe.

Inmediatamente recordamos, que uno de los jueces  que componen el Tribunal Internacional de La Haya, es una mujer de nacionalidad china, con bastante experiencia en todos los trámites ante este Tribunal, puesto que fue embajadora de su país del 2003 al 2008 y por ende vinculada y con ascendencia ante sus compañeros de corporación colegiada, entre ellos el señor Argüello que lleva 30 años de embajador.

Es cierto, es solamente un voto entre varios, pero queda un mal sabor sobre la imparcialidad que pudo haber tenido en su actuación como juez de esta causa, por los siguientes motivos: es política de profesión, con más intensidad en estas artes que en las del derecho; ha estado vinculada a su gobierno desde hace varios años, ha defendido sus intereses ante La Haya; el actual puesto de jueza se lo debe a su gobierno y es que todos los jueces de la China son del partidito de gobierno; allí, el tema de independencia judicial está apenas por desarrollarse; su gobierno tiene claros intereses y se vio beneficiado con el fallo, en la medida que indirectamente es el contratante para la construcción y explotación del canal.

Quedó entonces en evidencia de donde pudo haber venido el gran lobby para un fallo a favor de Nicaragua. Es inconcebible que en un Tribunal de esta categoría, la situación no haya dado lugar a un apartamiento de la jueza de nacionalidad china; que ni siquiera se haya puesto en conocimiento el interés de Nicaragua en la construcción del canal, que ya venía adelantándose. Son nuevos argumentos que debe tener en cuenta Colombia, para las actuaciones jurídicas que vaya a desplegar y, sobre todo, para no mover las corbetas del meridiano 82.