El anuncio del decreto autorizando a la Policía decomisar cualquier cantidad de droga ilícita en lugares públicos, fue la reacción a una extensa entrevista -en W Radio- de un atribulado padre impotente ante la adicción a las drogas ilícitas de su hijo de 17 años y a los resultados de una operación realizada por la Fiscalía General que produjo la captura de 162 personas entre estudiantes y “jíbaros” que delinquían en 25 colegios y 4 universidades. Estos hechos también motivaron a varios formadores de opinión para que volviéramos la mirada hacia el estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar publicado en junio que recoge datos de 2016, el cual reveló que entre 2011 y 2016 el consumo de marihuana aumentó de 6,9 a 7,8 % y el de cocaína de 2,4 a 2,6 %, mientras que, en la misma población, el consumo de alcohol y tabaco disminuyó.
Ahora bien, si las anteriores cifras del comportamiento del consumo de niños y adolescentes se observan teniendo en cuenta que, según la ONU, de 2015 a 2016 la producción de cocaína aumentó 34 % y los cultivos de coca 52 %, aflora una conclusión: no solo los esfuerzos por evitar, o al menos disminuir, el consumo de drogas entre niños y adolescentes están siendo insuficientes; sino que también, y aún más insuficientes, están siendo las operaciones para impedir a los narcotraficantes lubricar su criminal economía, pues además del incremento de la producción, el precio de la cocaína aumentó 43 % en el mismo periodo, lo que implica para las mafias más “réditos” para “invertir” en negocios criminales complementarios como tráfico de personas, minería ilegal, tráfico de armas etc.
En fin, la reacción del Gobierno fue necesaria, pero en términos estratégicos sería equivocado enrutar el esfuerzo principal en el consumo y/o en la erradicación de cultivos. En aras de la eficiencia conviene ajustar la estrategia enfocando el esfuerzo principal hacia el centro de gravedad del problema, es decir, en bloquear y neutralizar las mafias hoy día transnacionales, puesto que son estas las que además de irrigar la producción y el consumo, influyen decisivamente en la comercialización. Ahora bien, la lucha antidrogas requiere una inequívoca voluntad política en las autoridades responsables de ejecutarla, y el obstáculo que más se interpone es la corrupción de aquellas, promovida por las mafias en cada país- productor, consumidor o de tránsito- y las “gestiones” de sus sobornados, especialmente los de “cuello blanco”.
Lo cierto es que el ajuste de la política antidrogas debería contemplar la superación de dicho obstáculo, internacionalizando realmente la lucha mediante propuesta a los países americanos de un código penal que tipifique delitos característicos de las mafias transnacionales y “sus aliados”, luego de lo cual, y bajo la tutela inicial de la OEA, los países que se acogieran enviarían policías y fiscales de probada integridad y experticia para conformar un “Cuerpo Internacional antimafia” competente para, cual espada de Damocles, operar subsidiariamente en cualquiera de esos países.