Mentiras oficiales

La detención arbitraria de Esteban Vanegas, un reportero del periódico El Colombiano de Medellín quien se encontraba cubriendo las marchas conmemorativas del día del trabajador, actualiza -una vez más- no solo el abuso en que incurren algunos miembros de la Policía Nacional, sino, lo más grave, su absoluta inmoralidad en el ejercicio de sus responsabilidades públicas.

No es extraño, ni aquí, ni en ningún lugar del mundo, que un policía incurra en algún exceso de su autoridad, en uso desmedido de la fuerza o en cualquier error en ejercicio de su poder. Esas situaciones son explicables por el alto nivel de estrés que supone el trabajo policial que, por lo menos en Colombia, no solo es mal remunerado y socialmente poco apreciado, sino altamente riesgoso y con enorme presión diaria.

Pero el problema pasa de explicable a aterrador, cuando algunos miembros de la Policía no solo se equivocan en su proceder, sino que para encubrirlo deciden mentir, inventar pruebas o manipular escenas criminales. El caso de Diego Fernando Becerra, ocurrido en plena capital de la República, es un claro ejemplo de ello. Lo que era un probable homicidio culposo en acto del servicio, terminóen la peor vergüenza institucional.

Similar situación se observa en lo del reportero de Medellín. Un abuso de autoridad dio lugar a un procedimiento judicial inventado por la Policía. De no ser porque se trataba de un periodista en ejercicio y hubo grabaciones de vídeo, la versión mentirosa habría prevalecido. Aún así, se privóinjustamente de la libertad a una persona por más de 12 horas.

Un funcionario con tanto poder como un policía, debería tener una formación moral tan sólida que lo inhiba de ser capaz de inventarse pruebas para condenar a un inocente. En el vídeo colgado por El Colombiano es fácilmente constatable que el periodista no agrede al policía y no obstante ello, éste no solo lo encuella, se lo lleva a la fuerza y amenaza con “judicializarlo”, sino que lo hace, supuestamente bajo cargos de violencia contra empleado oficial.

Lo más grave es que el ejemplo de ese tipo de conductas viene desde las más altas esferas. Ya nadie se acuerda, en este país de indignaciones de 24 horas, pero hace unos pocos años, a un Almirante de la República se lo acusóy enjuiciócon fundamento en pruebas no solo falsas sino fabricadas ex profeso.

Ahíestála sentencia -Radicación 31240- de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema para el que quiera leerla y recordar, o conocer, los nombres de quienes amañaron semejante vergüenza. El caso del “grafitero”es de aficionados, comparado con lo que alláhicieron. Ninguna diferencia entre los que deben dar ejemplo y los que lo siguen. El abuso del poder es el mismo. Cambian las motivaciones y las formas. Sutiles e hipócritas las unas. Bruscas y chambonas las otras. Pero todas igualmente bajas y condenables.

Va siendo hora de que, como Jorge Eliécer Gaitán hace 65 años, alguien proponga ir: “A la carga por la restauración moral de la República”y no simplemente, a las urnas por el presupuesto.

@Quinternatte