La cizaña

A Juan Manuel Santos le tocó bailar con la más fea. Nunca ningún Presidente en ejercicio ha tenido un sirirí como el que se ganó con Uribe. Desde su posesión cuando anunció su gabinete, la furia de su antecesor no se hizo esperar. Los nombramientos de Vargas y Restrepo fueron interpretados poco menos que como una afrenta personal, mientras que la normalización de relaciones con Venezuela lo fue como una traición a su legado guerrerista.

El expresidente, fiel al título de “irreemplazable” que el editorial del periódico del Presidente le atribuyó, entendió que Santos no era su reemplazo, sino su heredero. En esas condiciones ha dedicado todo su tiempo a pretender controlar a su presunto legatario, en un intento desesperado por mantener el poder del que en buena hora lo separó la Corte Constitucional.

En esa guerra declarada contra el gobierno nacional Uribe se parece cada vez más a esos comunistas que tanto dice odiar: es un verdadero experto en combinar todas las formas de ofensa. Desde el uso de algunos de sus conmilitones como verdaderos “petardos” hasta la ofensa personal y la desestabilización institucional.

La más grave, y a buen seguro que no será la última, es la revelación de un dato de naturaleza reservada, el de las coordenadas de un operativo militar que estaba en curso. Tanto Uribe como sus abogados de oficio se han apresurado a señalar la supuesta inocuidad de tamaña irresponsabilidad, escudándose en interpretaciones aisladas de la ley penal.

La utilización de ese documento reservado con el único y exclusivo fin de causarle daño al Jefe de Gobierno en ejercicio y a las conversaciones de paz que adelanta con un grupo con el que el Estado se mantiene en conflicto interno, es una conducta bastante cercana a la que describe el Código Penal como espionaje o a cualquiera de los tipos que sancionan la revelación, uso o abuso de la información secreta o reservada del Estado.

Más allá de implicaciones legales, penales o sancionatorias en las que pueden incurrir tanto el autor oficial como el particular que incita, determina, instiga o aconseja al servidor público para violar sus deberes, se trata de un enojoso asunto de falta de ética y de bajeza moral extrema.

Un militar que es capaz de deshonrar su juramento de lealtad al punto de traicionar a su Comandante Supremo es indigno de las insignias que ostenta y de las armas que porta en nombre de la República. Cuando se viste el uniforme y no se comparten las políticas estatales, la baja voluntaria es la única forma honorable de actuar.

Lamentable que un oficial de las Fuerzas Armadas sea la más reciente víctima de esa larga lista de funcionarios públicos que por hacerle el trabajo sucio al entonces presidente o al ahora ex, terminan respondiendo ante los tribunales nacionales o huyendo por consejo suyo. Yidis Medina, Teodolindo Avendaño, Bernardo Moreno, Mario Aranguren, Ma. Del Pilar Hurtado, Jorge Noguera, Luis C. Restrepo y un largo etcétera, son algunos de quienes se creyeron su cuento de: “hagan que yo respondo”.      

@Quinternatte