Canadienses
“Primeras Naciones son víctimas de abandono estatal”
Canadá tiene bien ganada fama de ser uno de los países más civilizados del mundo. Y su gente, una de las más sensibles en materia social, de protección del medio ambiente y de acogida a refugiados expulsados de sus propios países por las más diversas causas. Sin embargo, bajo ese hermoso manto blanco que por razones climáticas cubre casi todo el año su territorio, hay historias que no se corresponden con esa imagen “oficial”.
Las comunidades nativas canadienses, llamadas allá “Primeras Naciones”, son, como los indígenas colombianos aquí, víctimas del abandono estatal y de políticas mineras agresivas que no solo desconocen la integridad de su territorio ancestral, sino que ignoran la autonomía que Constitución y Ley les reconoce.
Para denunciar semejante situación en Canadá, David Kawapiti Jr., un adolescente de la etnia Cree, una de las Primeras Naciones, inició en Whapmagoostui, provincia de Quebec, una caminata, a la que fueron sumándose otros jóvenes de la misma Nación y gentes del común. “Nishiyuu Walkers” (viaje del pueblo) es la denominación que se le dio a esa marcha que durante 1600 kilómetros, en medio del crudo invierno canadiense, culminó el pasado lunes en Ottawa.
La caminata es un capítulo de apoyo al movimiento “Idle No More”, una gran movilización de todas las “Primeras Naciones” y de grupos ecologistas y ciudadanos interesados en un desarrollo sostenible, que se oponen a la “ley ómnibus C-45” que tiene de todo, como en botica, pero cuyo verdadero contenido diabólico es la introducción de normas que restringen los derechos de los indígenas sobre su territorio, con especial énfasis en negarles cualquier derecho a la protección del agua.
La ley, como corresponde a una buena jugada política, tiene un eufemístico nombre que significa exactamente lo contrario: “Jobs and Growth Act” o “ley para la Promoción del Trabajo y el Crecimiento”, que en realidad promociona, solo una forma de trabajo y el crecimiento, es, como siempre, el del bolsillo de unos pocos.
Para efectos colombianos, lo preocupante es que el gobierno canadiense está en una gran cruzada contra la ley NWPA (Navigable Water Protection Act) de 1882 que obliga, como aquí, a consulta previa a las comunidades, cuando se trate de proyectos que afecten las aguas de sus territorios. La tradición jurídica, que allá equivale a ley escrita, siempre ha reconocido ese derecho soberano de los indígenas, pero últimamente y a raíz de macroproyectos mineros, a los negociantes de siempre, estatales y privados, esos derechos les resultan incómodos.
A propósito, vale recordar que Canadá es, o fue, uno de los últimos países en adherir a la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y que recibió informe negativo como resultado de la visita verificada por la Relatoría Especial Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
Ahora que Colombia estudia profundas reformas a todo el sistema de consultas previas, no sobra saber cómo tratan en Canadá esos temas, dado que la mayoría de las compañías mineras son de ese país o están registradas allí. Y si así tratan a sus “Primeros Pueblos”, imagínense cómo tratarán a los nuestros.
@Quinternatte