ARRECIFES

Rama irrespetada

VEINTICINCO  agentes, armados hasta los dientes, entran al tropel en el Centro Cívico de Barranquilla (Atlántico), la mayor sede de la Rama Judicial en la Costa Atlántica. Los jueces y magistrados que trabajan en el lugar se alarman. ¿Una amenaza terrorista? ¿Un atentado en ciernes contra algún funcionario a quien vienen a proteger? ¿Va a llegar Uribe? Nada, todo ese despliegue tan intimidatorio de fuerza bruta solo tiene un propósito. Van a capturar a un Juez Civil, un hombre que no tiene más de 1.60 mts. de estatura y una grave enfermedad, de quien, hasta la fecha no se sabe que estéarmado o se trate de un individuo peligroso. Sus únicas armas, que en opinión de la Fiscalía usóequivocadamente, son un Código y una Constitución.

Para evitar ese tipo de situaciones, un viejo magistrado, sabio como muchos de los de antes y algunos pocos de los de hoy, propuso en la Comisión Redactora del Código de Procedimiento Penal la norma que hoy ocupa el artículo 27 de ese estatuto: “Moduladores de la Actividad Procesal. En el desarrollo de la investigación y en el proceso penal los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento, para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia”.

¿Semejante número de hombres irrumpiendo a los gritos y con una exhibición obscena de fuerza, en el edificio que en esa ciudad equivale al Palacio de Justicia de Bogotá, les debiórecordar a muchos funcionarios los aciagos 5 y 6 de diciembre de 1985. Capturar un Juez que a través de un Habeas Corpus incurrióen el terrible pecado de cuestionar la legalidad de una actuación de la Fiscalía hacía necesario semejante operativo? No. Obviamente, se trata de un abuso y una manifiesta infracción a los principios de “corrección y ponderación”en el comportamiento. Es un evidente “exceso contrario a la función pública, a la justicia”y, sobre todo, a la decencia.

Tal parece que semejante infracción al decoro y la prudencia tuviera la intención manifiesta de convertir la captura del Juez en un castigo adicional al de su privación de libertad. Someter a un funcionario, amparado por la presunción de inocencia, a la indignidad y la vergüenza de sacarlo esposado de su propio Despacho, es una afrenta manifiesta a la dignidad que encarnan los jueces de la República.

Ese procedimiento debe ser el que sueñan los promotores del Tribunal de Aforados o “juristas”de la talla de los “Julitos”o las “Duzanes”ante el fracaso de su propuesta de cerrar las Cortes y llenarlas de amigos suyos. A ese nivel ha llegado la amenaza que se cierne sobre la independencia de la Rama Judicial en el ánimo revanchista que se nota en el tal proyecto que desequilibra su escaso poder.

Lo que sorprende es que frente a tamaño riesgo solo se escuchen algunas voces aisladas de protesta dentro de la Rama Judicial, mientras otros, desde sus dignidades temporales se dedican a negociar con el Gobierno la entrega de la independencia que nunca sintieron, ejercieron ni defendieron.

@Quinternatte