Tragedias encadenadas
El secuestro de una bebé de apenas una par de semanas de nacida en Bogotá, durante la semana pasada, es solo un pequeño eslabón de una cadena de tragedias que ameritan mucho más que simples actitudes de linchamiento contra la involucrada o contra el Juez que dispuso no enviarla a un establecimiento carcelario.
No es la primera vez, pero ojalá sea la última, que se presentan hechos en el que una madre frustrada, por incapacidad para concebir o por pérdida de un niño que estaba gestando, acude al recurso de robarse un bebé. Y siempre, la explicación es la misma: satisfacer la exigencia masculina de un hijo, o, en todo caso, evitar que la abandonen por semejante causa, con todas las consecuencias económicas que el tema acarrea.
Sicólogos, siquiatras, sociólogos, criminólogos y toda clase de expertos en salud mental o en comportamiento social deberían estar siendo consultados por jueces y fiscales para determinar si ese tipo de conducta, que se está volviendo repetitiva, es causa o es consecuencia de alguna patología mental, conductual o social.
Hasta qué punto es científicamente demostrable, en términos aceptables por el derecho penal, que la presión social, familiar o personal sobre ciertas mujeres para que sean madres, sumada a la trágica pérdida de un embarazo, es suficiente para crear una situación tan traumática como para afectar la percepción de la realidad por las ahora convertidas en “secuestradoras”. No puede olvidarse que la legislación contempla las condiciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas como una causal de reducción de la pena, de modo que no parece descabellado sostener esa tesis, frente a las que, por ejemplo, han justificado tantos homicidios de mujeres a manos de hombres celosos.
Lo realmente doloroso del caso que esta semana culminó es que la supuesta pérdida de un embarazo por parte de la imputada, las maniobras de engaño que realizó para que la madre de la menor se la entregara voluntariamente y la retención de la bebé durante algunos días, dejó otro drama al descubierto.
Según informa la prensa la madre despojada de su bebé tiene 14 años de edad. Eso significa que en el momento de la concepción era una niña de apenas ¡13 años y 3 meses!, lo que automáticamente convierte al padre de la criatura en un violador, así la relación haya sido consentida, pues el Estado colombiano no reconoce ninguna libertad sexual antes de los 14 años. Mucho me temo que así sea un padre ejemplar, un marido amoroso o el mismísimo San Luís Gonzaga, nada lo salvará de la furia en forma de cárcel que en su contra desatará doña Gilma Jiménez y todo el fundamentalismo religioso contrasexual.
Casos de embarazos de adolescentes -consentidos o involuntarios- abundan en nuestra sociedad, como consecuencia de haber dejado la educación sexual en manos de los credos religiosos y su promoción en cabeza de funcionarios más comprometidos con el clero que con la Constitución. O peor aún, que no le deja a muchas niñas más salida al maltrato y a la miseria familiar que la de pasar de la cuna a la cama doble.
@Quinternatte