La Rama seca
El conflicto laboral que enfrenta la gran mayoría de la Rama Judicial con el ejecutivo por la nivelación salarial ha sido apresuradamente descalificado por algunos funcionarios del nivel central y por comentaristas tradicionalmente enemigos de los jueces, como una vía de hecho que no se compadece con hombres de derecho.
“Vía de hecho” es un concepto que usan funcionarios públicos o algunos periodistas, para descalificar a discreción de sus intereses cualquier protesta social y para esconder, tras esa frase, una visión autoritaria del ejercicio del poder o de la opinión.
Quienes así actúan, pasan por alto la absoluta justeza del cese de actividades del poder judicial. Los jueces y empleados están reclamando precisamente aquello por lo que deben trabajar a diario para toda la sociedad: el cumplimiento de la ley. Las pretensiones de funcionarios y empleados de la Rama Judicial se limitan a que el Estado, por fin, 20 años después, cumpla con los mandatos obligatorios de la Ley 4 de 1992 que dispuso la nivelación salarial de todas las escalas de la pirámide judicial a partir del salario más alto que es el que devenga un magistrado titular de alta Corte, actualmente fijado en $ 25.382.049.
Habla muy mal del significado o de la importancia que tiene para el Estado una de sus ramas del poder público, cuando deja pasar más de dos décadas sin dar cumplimiento pleno a una nivelación salarial contenida en una ley que ese mismo Estado produjo. Peor aún se muestra el panorama si se tiene en cuenta que la Ley 4 de 1992 no es ninguna concesión generosa, sino el mero restablecimiento de derechos económicos perdidos como los de prima de antigüedad, retroactividad de las cesantías y régimen especial de pensión.
Ernesto Samper Pizano fue el único Presidente que se interesó por resolver el problema, pero solo pudo hacerlo en la escala superior de secretarios generales de cortes y magistrados auxiliares y de tribunal que hoy perciben el 80% del ingreso de un titular de alta corte ($ 19.620.186). El siguiente salario no supera los $ 5.000.000 y corresponde a la gran masa de empleados de altas cortes (secretarios de salas o secciones, relatores, jefes de oficina, etcétera) que están al mismo nivel de los jueces de circuito, con quienes comparten el tercer escalón de la pirámide.
Pastrana, fiel a su obsesión, intentó acabar con todo lo reconocido por Samper, pero solo embarcó al Estado en una gran demanda administrativa que irremediablemente perdió; y Uribe, aparte de perseguir la Justicia, evadió la solución estructural, creando primas ocasionales que son malísimo negocio para los jueces.
La carga laboral, los riesgos personales y profesionales que asumen los jueces de todas las especialidades y sobre todo las diarias amenazas de procesos penales o disciplinarios en su contra, así como la tiranía de la estadística, son factores que ameritan no solo un inmediato reconocimiento y pago de la nivelación salarial, como justa compensación, sino la adopción de una verdadera reforma judicial que considere al Juez como ser humano que administra justicia y no como una máquina de proferir fallos.
@Quinternatte