Contralofrenia

Colombia debe ser de los países más esquizofrénicos del mundo en materia de control fiscal. Se ha ensayado cuanto sistema conocido o por conocer hay. Y hemos fracasado, con una persistencia tan rotunda como la que reflejan las cifras de la corrupción, de la mala ejecución o de la ineficiencia.

La Contraloría General de la República siempre ha sido lo que su ocasional jefe ha querido que sea. Hemos tenido de todo: la algarabía corrupta de Aníbal Martínez Zuleta; las connivencias conocidas de Becerra Barney y de “Davidcito” Turbay con “los aquéllos”; y, la tranquilidad ausente de Ossa Escobar. Asimismo, el control fiscal ha oscilado desde el control previo, al posterior, pasando por el simultáneo y el inexistente.

La de hoy es esencialmente mediática, aparentemente fundamentalista y francamente pendenciera, pero, sobre todo, contradictoria, tal como ha quedado demostrado recientemente.

El Fiscal General de la Nación acaba de ofrecer disculpas públicas a Sigifredo López por la detención injusta que sufrió a manos de la Institución que él dirige. Un acto necesario y justo. No solo ético, sino estético.

La única voz oficial opuesta a esa forma de reparación fue la de la señora Contralora, cuya protesta se hizo oír para censurar un acto que ella supone un reconocimiento anticipado de responsabilidad del Estado que puede salirle financieramente costoso al erario.

Tiene razón la Contralora en que al Estado (y por ahí derecho a los contribuyentes) le va a salir muy caro el carcelazo de Sigifredo, pero esa responsabilidad no es consecuencia del acto público de disculpas que lideró el Fiscal General, que al revés puede terminar favoreciendo la defensa de la Nación.

La posición crítica de la señora Morelli, que tiene fama de ser una respetable administrativista, es extraña y peligrosa. Lo primero, porque debe estar enterada de que el Consejo de Estado es cada día más abierto en materia de responsabilidad por daño proveniente de error judicial o de privación injusta de la libertad. La jurisprudencia cada vez avanza más hacía la imposición de condenas por pura responsabilidad objetiva. Y va más allá aún, hay por lo menos cinco decisiones en las que se ha condenado a la Nación a indemnizar, incluso cuando el acusado ha sido absuelto por duda.

Lo peligroso del enfoque de la Contralora es que al condenar actos como el del Fiscal General, genera una amenaza contra los funcionarios llamados a conciliar las demandas contra el Estado, pues  todos  deben  sentirse  intimidados de ser señalados por ella -como al Fiscal- de aceptar responsabilidades anticipadas por cuenta del Estado. Y, no hay peor miedo que el  de ser perseguido por la Contralora y su Contraloría.

Ahora que se buscan fórmulas para descongestionar la justicia, el radicalismo de la Contralora no contribuye sino a congestionarla. Lo malo de posiciones como esa es que son lo peor para proteger los fondos públicos, pues aparte de acumular procesos en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, produce sustanciales incrementos en el monto de las condenas que seguramente se le impondrán al Estado, a costa de todos nosotros. ¿O será que la Contralora está dispuesta a pagar por su capricho?

@Quinternatte