Ley Estatutaria de salud
Veinte años del sistema de salud definido por la famosa pero no siempre elogiada Ley 100 de 1993, incluidas todas las reformas, convencieron al país de la necesidad de concebir, aprobar y poner en funcionamiento un nuevo sistema de salud. Esa es la promesa del gobierno del presidente Santos y a ello también se ha comprometido el Congreso de la República.
Ya fue aprobada la Ley Estatutaria, que debe ir a examen de constitucionalidad a la Corte. Mientras esa importante función se cumple, el Congreso estudiará el otro proyecto que ya fue aprobado por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La primera trata de derechos, valores, principios, orientaciones a los cuales debe someterse el contenido de la ley que se seguirá estudiando en la próxima legislatura.
De la Ley Estatutaria se esperaban los lineamientos de un nuevo sistema, con auténticas innovaciones. Ya hay críticos empeñados en señalar que eso no se logró. Algunos congresistas han dicho con énfasis que es la peor reforma a la salud que se ha hecho en Colombia. Debe señalarse que tiene un mérito extraordinario: definir que la salud es un derecho fundamental autónomo. Como se recuerda, en la Constitución fue señalado como un servicio público esencial de rigurosa atención. La jurisprudencia avanzó sobre este criterio estableciendo su obligatoriedad y dando paso a que el cumplimiento de tan imprescindible derecho pudiera reclamarse por vía de tutela. El Congreso en la referida ley estableció una conexidad con el derecho fundamental a la vida y debe reconocerse que ello constituye un mérito enorme en favor de la gente. También se eliminó el POS y quedó establecido que todas y todos los colombianos gozarán sin excepción de tan indispensable derecho. Hay otros aspectos de interés social.
Lo que más mortifica a los críticos es el mantenimiento, con otro nombre, de las cuestionadas EPS. Si a un sector se han señalado las mayores inconveniencias del sistema, es a las empresas promotoras de salud, que han hecho una intermediación inapropiada y cometido incongruencias, faltas y abusos que en diferentes casos han sido calificados de corrupción.
No parece que con las normas hasta ahora aprobadas se vaya a modificar de fondo el sistema. Es una lástima porque era la oportunidad esperada, después de tantos fracasos. Sin embargo, todavía es mucho lo que se puede hacer.
En primer lugar, acudir a la Corte Constitucional. En el análisis de exequibilidad hay oportunidad de participar en audiencias en las que se podrán presentar las observaciones e inquietudes que existen o surjan en el futuro. Hay que estudiar el texto con lupa, para saber en dónde están las mayores irregularidades y presentarlas a consideración de los magistrados.
Al mismo tiempo hay que establecer una veeduría cívico-política sobre el trámite de la ley ordinaria. Deben hacerse análisis, foros, mesas redondas, en las que se pueda discutir su contenido y presentar propuestas. Hay que estar alerta, porque “camarón que se duerme se lo lleva la corriente”.