En un recorrido por los santanderes tuve oportunidad de apreciar el flujo migratorio de venezolanos a territorio colombiano, particularmente a la zona de frontera. Se calcula en más de un millón los venezolanos que, en medio del desespero y la inestabilidad de su país, han llegado a Colombia en busca de oportunidades laborales y mejores condiciones de vida. Han llegado jóvenes de distintas profesiones, lo mismo que ciudadanos rasos que se ocupan de diferentes oficios para garantizar su subsistencia. 

La solidaridad de los colombianos con quienes vienen de la hermana república ha sido manifiesta y se espera que le sigan abriendo espacios en la fuerza laboral del país y en el sector privado a quienes tanto necesitan de nosotros.

El gobierno de Nicolás Maduro a diario nos reprocha que en el vecino país hay algo más de cuatro millones de compatriotas viviendo. Se le olvida agregar que ese es un acumulado histórico, es decir, el producto de varias generaciones de colombianos y muchos de los cuales han nacido en territorio venezolano. Por ello nuestra solidaridad debe contrastar con esa actitud mezquina.

La verdad es que a los funcionarios del gobierno de Venezuela les duele que los colombianos se provean de gasolina en los centros de abastecimiento internacional o adquieran productos de la canasta familiar, cuando se podía. Ahora que ellos vienen a Cúcuta, Arauca o Maicao en busca de lo mismo, han encontrado una mano tendida y generosa. El “internacionalismo proletario” en que creen queda en pura y vacua palabrería cuando se trata de colombianos humildes que llegan a su país no a vivir del Estado, sino a trabajar.

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El atentado al Nogal

Hemos tenido oportunidad de oír las reacciones sobre la decisión judicial del caso Arellán, uno de los coautores del acto terrorista perpetrado contra dicho centro social en febrero de 2003. La señora Fries, quien obra como representante de un sector de las víctimas, plantea que lo que se busca es conocer la verdad de ese terrible acontecimiento que le costó la vida a 36 personas y dejó un saldo de casi 180 heridos.

La verdad de las circunstancias que pudieron haber rodeado ese desdoroso episodio es la que se establezca, luego del cotejo de los elementos de prueba de la investigación que se adelantó con la versión que presenten las Farc ante la JEP; por tanto, no se pueden acoger versiones informales o callejeras. Por ello para esclarecer este hecho tan repudiable y lamentable se debe actuar con mucho cuidado, prudencia y equilibrio.

Por lo pronto, lo que muchos no entienden es la aplicación desde ya de los instrumentos de la JEP sin que hayan surtido los procedimientos de control de constitucionalidad correspondientes, en los que pueden sufrir ajustes. Este no es problema de los jueces de ejecución de penas que han venido aplicando tales normas, si no de la manera en que quedaron redactadas y entraron en vigencia. Por tanto, la Corte Constitucional tendrá oportunidad de revisar la aplicación anticipada de sus disposiciones a la apuesta en funcionamiento de la JEP que está suscitando muchos equívocos.