En esta columna he repetido durante toda la pandemia la frase de Lord Acton, que cada vez toma más relevancia en Colombia, “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Con la excusa de “proteger” la salud y “cuidar” la vida, los gobernantes locales, departamentales y en ocasiones el Gobierno nacional han tomado medidas contrarias a la evidencia científica e incluso contradictorias. Muchos lo hacen simplemente para demostrar que tienen poder.
En un municipio de Cundinamarca el alcalde persigue en su camioneta y acompañado de la policía a ciclistas que salen a hacer deporte sin tapabocas, ignorando que la evidencia ha dicho que no hay riesgo de contagio en esta actividad. Pero, más grave aún tiene a la entrada y salida del municipio una “máquina” para la obligatoria desinfección de los vehículos, como si los carros propagaran el virus o infectaran a otros. Quien debe estar contento es el contratista de esta absurda medida que pareciera de una novela de ficción de Ayn Rand. ¿Cuántos billones de pesos habrán terminado en el bolsillo de contratistas con la excusa de la pandemia?
Desde el fin de semana los gobernantes vienen anunciando medidas restrictivas de la libertad, por el aumento de casos de Covid durante estos días de celebraciones navideñas. Sin embargo, la causa del aparente repunte del virus no es otra que las medidas gubernamentales. En Medellín, contrario a las recomendaciones de expertos el alcalde Quintero Calle decidió instalar los famosos alumbrados de navidad, rápidamente fue incapaz de evitar las aglomeraciones, especialmente en la entrada, se les ocurrió la brillante idea de solo habilitar una entrada, para hacer cumplir estrictas medidas de bioseguridad. ¿El resultado? Interminables filas, con vendedores ambulantes sin control, donde el virus se hizo su diciembre.
En Bogotá la alcaldesa Claudia López, usando los recursos públicos para alimentar su imagen, organizó grandes eventos, con miles de personas aglomeradas en lugares algunos de ellos cerrados, para “celebrar” la Navidad. Esto se suma a su excesiva permisividad con las diferentes protestas que se han hecho en la capital, donde los protocolos desaparecen.
Y ni hablar de los aeropuertos del país, cada uno con múltiples entradas, pero solo una habilitada con la excusa de evitar la propagación del virus, creando extensas filas para ingresar, creando fuentes de propagación del virus.
Hemos visto también imágenes de gobernantes en fiestas, e incluso reuniones de “trabajo” que superan las cincuenta personas y sin hacer uso correcto del tapabocas.
Mientras tanto, los privados, especialmente los formales y legales han cumplido. En los centros comerciales están habilitadas todas las entradas, con estrictos protocolos para evitar aglomeraciones, los restaurantes atienden el 50% de su capacidad, las discotecas permanecen cerradas, y los eventos se hacen hasta con el 10% de su aforo.
Así como tenemos que financiar la corrupción con más impuestos, los empresarios y los colombianos responsables tendremos que pagar las consecuencias de las malas decisiones de los gobernantes. ¿Hasta cuándo?