Adición
CONTINÚA la exposición de las ideas generadas en Superando la Corrupción (2011) de Bertrand de Speville. Lo primero que se insinúa, en esta ocasión, es la dimensión internacional del problema relacionada con la globalización. Se muestra una interconexión entre corrupción, lavado de activos, crimen organizado y terrorismo. Se entiende que surja una respuesta en la misma dimensión en forma de acuerdos celebrados en el siglo XX, cuya última década fue muy activa en términos de enfrentar la situación, aunque el surgimiento de la reacción se remonta al XIX.
Parece que algunos confunden corrupción y gobernanza. La primera noción es la enfermedad que ataca a la segunda y esta es el manejo de las cosas. Se trata de conceptos interdependientes y distintos.
De Speville despliega preocupación por el perjuicio en las reputaciones causado por acusaciones injustificadas y dicho fenómeno puede tener vigencia en Colombia debido a la aceptación generalizada de los chismes o rumores falsos. Conviene, para efectos prácticos, discernir la presencia y alcance de tal rasgo en hechos concretos y considerarlo, en primera instancia, como hipótesis sujeta a verificación.
La entidad anticorrupción debe estar en capacidad de emprender lo mismo que hace la policía y De Speville cita como ejemplos: investigar, sancionar, enjuiciar, arrestar, detenciones, allanamientos, incautaciones, interceptar comunicaciones, interrogar, ver cuentas bancarias, retener documentos, confiscar, hacer negociaciones, separar gente de sus cargos.
La organización anticorrupción no puede, por sí misma, derrotar el problema y tampoco el gobierno, de lo cual se deducen las necesarias acciones conjuntas y el apoyo del público. El fracaso se caracteriza usualmente por la falta de recursos. Los sueldos del personal anticorrupción deben tener como referencia las remuneraciones vigentes en el sector privado. Puede haber aportes extranjeros pero debe haber cuidado en no perder el control de la agenda. Debe conseguirse respaldo real y efectivo y no solo moral. Se justifica la creación de unidades anticorrupción en las empresas estatales más grandes y los gremios deben vincularse al proceso a través del ente gubernamental principal y en ejercicio de la responsabilidad social empresarial. Los empleados del sector privado pueden ser una fuente esencial sobre corrupción en lo privado y lo público. Las empresas condenadas no deben participar en las licitaciones públicas. El progreso se mide por estadísticas propias y encuestas donde es importante determinar la confianza en el ente anticorrupción.