GUILLERMO FRANCO CAMACHO | El Nuevo Siglo
Domingo, 23 de Junio de 2013

Suplemento

 

Juan Manuel López Caballero afirma “Vivimos de sentencias extrajudiciales y de una especie de falsos positivos judiciales. Eso pasa cuando un sistema judicial gira alrededor de la acusación de los medios y la prueba de testigos”. Esta afirmación es su conclusión final de “Falsos testigos ¿de quién la culpa?”, Dinero (No. 414) inspirado en el caso Colmenares. Los ejemplos motivadores son Sigifredo López y Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, interpretado parcialmente como sigue: no basarse exclusivamente en testimonios, su veracidad sea comprobada por la entidad que los recibe antes de divulgarlos y adoptar decisiones con base en los mismos. Es preferible que el chequeo corra a cargo de organizaciones (Fiscalía General, medios de información) y no de las víctimas o personas naturales por razones funcionales (administración de justicia) o disponibilidad de recursos. Las tesis del Fiscal son revolucionarias al impulsar el uso de argumentos técnicos y mejorar el nivel de las investigaciones judiciales e incrementarse la cantidad de paradigmas: los Colmenares, los López, Montealegre y Germán Vargas Lleras con el reciente fallo del Procurador General a su favor.

Agrega López Caballero sobre la justicia colombiana: “lo que menos cumple son los principios de justa, pronta y debida. La atención al proceso y el contenido de los fallos están tan determinados por lo que maneja la prensa que raro (y arriesgado) es el juez que decide sin tenerla en cuenta. La presentación y seguimiento de los medios no solo incide en la importancia y el ritmo que le dé el juzgador sino en la práctica se convierte en un fallo adelantado y, según la orientación que le den, en una presunción que difícilmente la puede contrariar, no solo el indiciado sino el mismo fallador”. Sigue López: “la demora en el fallo se convierte en una salida para no oponerse a lo que ya se le vendió a la opinión pública”. “Es ya algo reconocido y que los comunicadores aplican la presunción de culpabilidad que les da rating ante la opinión pública”. Finaliza con observaciones sobre Samuel Moreno, los abogados Tapias, Gómez, Dávila y Alberto Santofimio y Bernardo Moreno.

Conclusión: ojalá el lector coincida en que López Caballero se refiere, sin decirlo, a lo que quien escribe ha denominado la Justicia Institucional que, ejercida por los medios de comunicación, se convierte en Paralela.