No es solo la Zona Rosa
La nota publicada en El Tiempo sobre el asunto me sirve para hacer algunas claridades ante la situación que se vive en varios sectores bogotanos dedicados a la rumba, porque el problema no es solo en Bogotá y la Zona Rosa, sino de varias localidades de la capital y principales ciudades del país, donde el daño en todo sentido se deja notar a simple vista.
La preocupación demostrada por las autoridades locales en el sector mencionado merece todo el reconocimiento, pues se debe convertir en ejemplo a seguir por mandatarios de otras áreas, azotadas con patologías similares que nadie ha detectado, o si lo han sido falta compromiso de las administraciones para evitar alcancen niveles inmanejables. Se habla de políticas de seguridad, ¡buen término! que invitan a los alcaldes a comprometerse en la búsqueda de esa seguridad, que todas las autoridades a lo largo y ancho del país, han dejado en hombros de la Policía, como si la vigilancia de las calles, la respuesta a clamores públicos y la lucha contra la delincuencia común u organizada, fuera labor exclusiva de la institución policial, que presenta los planes de vigilancia, comprometiendo sus hombres muchas veces en labores ajenas al servicio, buscando acercamiento y construcción de un tejido social, que le permita obtener información para proteger el ciudadano.
El documento menciona una serie de delitos y actividades facilitadoras muy puntuales, que tienen la magia de correr el velo a los ojos del visitante, transeúnte, o vecino desprevenido, quienes de cara a la información se sorprenderán del caos que los acecha y rodea, un aplauso para los investigadores, pero se habrían ahorrado tiempo si consultan las bases de datos existentes en la Policía o leen la revista Criminalidad, de la Dijin, todo está diagnosticado, pero como lo dice el informe, hay debilidades, el papel del Gobierno distrital no es claro, falta capacidad de las autoridades para cumplir promesas, y la justicia ausente. Que las bandas delictivas manejan los sectores es sabido, dominando las vías de entrada y escape facilitan el comercio de drogas estupefacientes. Que los vendedores ambulantes y estacionarios hacen parte del andamiaje es una verdad de a puño, la mayoría de ciudades entiende la familiaridad entre estas personas y la labor de orientación e intermediación sobre la negociación o escamoteada al ciudadano, desarrollada por gentes vinculadas a la red.
Este desbarajuste no lo puede manejar únicamente la Policía, por compromiso y empeño que ponga, es necesario vincular todas las fuerzas vivas del sector, esa población laboral flotante, que cambia de acuerdo con la hora y tiene toda la información, debe hacer parte del tejido social en defensa de los intereses de sus clientes. Sin esa alianza permanente, respaldada en la ley, valerosa y caracterizada, imposible recuperar las zonas afectadas.